Entre otras medidas de la reforma legal, se autorizará a los jueces que investigan dichas páginas web a retirar el contenido de forma cautelar mientras dure la investigación.
Además, los centros educativos contarán con protocolos para luchar contra el acoso escolar y se creará la figura de un adjunto al Defensor del Pueblo especializado en este tipo de violencia.
Otra de las medidas que contempla la ley es que sea el representante legal de un menor quien decida si este debe declarar en un juicio o no, y obligará a los familiares de un menor a testificar cuando sea necesario; en caso de discrepancia, la decisión la tomará el fiscal.
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El anteproyecto de ley ampliará el concepto de violencia para abarcar toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional a un menor, incluyendo castigos físicos y las negligencias, y prevé que cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia a un menor, lo denuncie ante la autoridad competente.
Finalmente, los condenados por delitos sexuales contra un menor deberán someterse a programas específicos para evitar su reincidencia y verán endurecerse las condiciones para poder acceder al tercer grado penitenciario, disfrutar de permisos carcelarios o lograr la libertad condicional.