"Además de notorias insuficiencias presupuestales en las áreas de anticorrupción y derechos humanos, el proyecto de presupuesto federal 2019 omitió incluir recursos para asegurar una transición entre la antigua PGR y la nueva Fiscalía General", dice el posicionamiento conjunto de más de 300 organizaciones civiles y expertos.
Los colectivos, que han negociado con la bancada de la coalición del presidente Andrés Manuel López Obrador, insistieron en que "sin recursos suficientes, podemos caer en la trampa de justificar la falta de resultados para atajar la impunidad".
Los dos colectivos han cabildeado desde hace varios años en el Congreso para evitar la politización de la justicia y los nombramientos partidistas de cargos judiciales y coinciden en la importancia de "acabar con privilegios y gastos indebidos".
Sin embargo, lamentaron que no existieran recursos necesarios para la creación de áreas de Gobiernos fundamentales para el Estado de derecho.
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Expresaron además su sorpresa con el recorte del 9% de los fondos públicos a la Fiscalía General.
Es necesario tener una institución "profesional e independiente" que garantice el estado de derecho y la justicia en el país, agregaron.
El 20 de diciembre el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de la Fiscalía General, mediante la cual se realizará un proceso de transición de la anterior Procuraduría General de Justicia.
La Fiscalía tendrá facultades como la dirección en la investigación de delitos, protección de víctimas y persecución criminal.
La iniciativa fue presentada por el coordinador del partido de Gobierno llamado Morena (izquierda), Ricardo Ruiz Suárez, quien afirmó que este proyecto hará que la Fiscalía accione con autonomía, eficiencia, legalidad, honradez y objetividad.