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Red de Veedurías de Colombia pedirá investigar muerte de testigo clave en caso Odebrecht

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BOGOTÁ (Sputnik) — La Red de Veedurías de Colombia pedirá al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, que en el marco de las investigaciones que adelanta por el pago de sobornos de Odebrecht también investigue la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien era pieza clave en el caso de la multinacional.

"Se debe aclarar si Jorge Pizano fue asesinado o no, porque se deja en entredicho si existe un doble homicidio, teniendo en cuenta que también falleció el hijo del testigo (…), acá parecería que existe un plan para ocultar o silenciar las verdaderas causas de la muerte de Jorge Pizano y su hijo", dijo este 21 de diciembre Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, según la emisora RCN Radio.

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Las declaraciones de Bustos se dan luego de que el director del estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, anunciara en la noche del 20 de diciembre su dimisión a ese cargo tras admitir que cometió un error al divulgar información relacionada con pruebas forenses en el caso de Pizano.

El pasado 16 de noviembre Valdés informó en rueda de prensa que Pizano, quien trabajó como supervisor especial en una obra vial que desarrollaba Odebrecht en Colombia, murió por causas naturales y que Medicina Legal no había encontrado rastros de cianuro en sus restos, lo cual se reforzó con el análisis de un rastro de sangre hallado en una toalla que estaba en el baño de la casa de Pizano.

Sin embargo, Valdés reconoció anoche que nunca hubo tal muestra de sangre y que en realidad se trató de una muestra de saliva de Pizano y que la responsabilidad de divulgar la información errada fue de él, ya que al obtener los resultados de laboratorio asumió que fueron hechos con base en sangre.

"Soy objetivamente el único responsable de informar a la opinión pública que la mancha de que trata el informe era de sangre humana", dijo.

Sin embargo, destacó que pese a haber divulgado información errada, "los resultados obtenidos en el laboratorio no se alteran" y que la muestra de saliva fue válida para determinar que Pizano no murió envenenado con cianuro.

"La confiabilidad del resultado no se ve afectada porque se usó un procedimiento aplicado para llegar a él, utilizando muestras válidas", acotó.

Sin embargo, el presidente de la Red de Veedurías anunció que interpondrá denuncias penales y disciplinarias contra Valdés por la posible comisión de delitos relacionados con concierto para delinquir, encubrimiento y peculado encaminados a obstaculizar la labor de la Justicia.

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La muerte de Pizano hace parte de una investigación que adelantan las autoridades para determinar si su fallecimiento, el pasado 8 de noviembre, fue causa o no de un envenenamiento con cianuro y si ese hecho hizo parte de un suicidio o de un homicidio.

De acuerdo con Medicina Legal, Pizano murió en su casa por causas naturales, víctima de un infarto cardiaco, pero el hecho que encendió las alarmas de las autoridades fue que dos días después el hijo de Pizano, Alejandro, quien había llegado de España para las exequias, murió tras ingerir un agua con cianuro que estaba en el despacho de su padre.

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Jorge Enrique Pizano había advertido desde 2012 de irregularidades en la contratación con Odebrecht, luego de que presumía que la multinacional había pagado sobornos en el país por 20.000 millones de pesos (6,4 millones de dólares).

El hombre advirtió en 2015 de tales sobornos a Néstor Humberto Martínez, quien es hoy en día el fiscal General de Colombia y quien entonces fungía como abogado de la firma Corficolombiana, socia de Odebrecht en el país.

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Sin embargo, Martínez no denunció el hecho en calidad de abogado y tampoco tomó acciones cuando asumió como fiscal General en agosto de 2016, y solo lo hizo cuando el FBI reveló en diciembre de ese año la trama de sobornos que la multinacional había realizado en doce países de América Latina y África.

Ante esa situación, Pizano buscó en agosto pasado a importantes periodistas colombianos para contarles los hechos, a quienes dijo que temía por su vida y que buscaba una reunión en Estados Unidos con agentes del FBI para servir como testigo protegido.

El fiscal Martínez, por su parte, se declaró impedido para investigar tres casos de sobornos de Odebrecht en Colombia, ya que sirvió como abogado de la firma socia de la multinacional, por lo que fue necesario nombrar un fiscal ad hoc al cual ahora la Red de Veedurías también considera oportuno que investigue el caso de Pizano.

La multinacional habría pagado casi 30 millones de dólares en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, según ha revelado la propia Fiscalía.

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