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Se abre en Colombia nuevo capítulo sobre la trama de Odebrecht

© AFP 2021 / Nelson AlmeidaLa sede de Odebrecht en Sao Paulo, Brasil
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BOGOTÁ (Sputnik) — Un nuevo capítulo sobre la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en Colombia comenzará el 13 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia nombre a un fiscal especial para que investigue la trama.

Colombia es uno de los 12 países de América y África en los que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos para beneficiarse con la adjudicación de contratos de infraestructura.

La práctica e Odebrecht data de fines de los años 80, pero en 2010 la empresa constructora creó para tal fin una división especial, el Sector de Relaciones Estratégicas, que manejaba a su vez una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas.

Odebrecht transfería a través de esa empresa de fachada los recursos para sobornar a funcionarios públicos y políticos, según la investigación revelada en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de EEUU.

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Fiscales colombianos establecieron a mediados del año pasado que Odebrecht pagó sobornos por 29 millones de dólares en este país y que a cambio de ellos obtuvo contratos que le reportaron más de 50 millones de dólares en beneficios.

Uno de ellos fue la obra para asegurar la navegabilidad del río Magdalena a través del consorcio Navelena, que controlaba.

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Otro fue la construcción de la red de carreteras Ruta del Sol II, adjudicada a Odebrecht por el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y por la cual pagó 6,5 millones de dólares en sobornos a quien era viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, según las pesquisas de tres fiscales y 20 investigadores.

García Morales fue el primer detenido, y más tarde sentenciado a cinco años de cárcel.

El segundo detenido fue el exsenador Otto Nicolás Bula, quien recibió 4,6 millones de dólares de Odebrecht para que convenciera a sus pares de no licitar la construcción de una importante carretera, que fue luego adjudicada en forma directa a la empresa brasileña.

Delitos electorales

Bula fue condenado a mediados de 2018 a dos años de prisión, pero las investigaciones sobre él continúan, ya que la Fiscalía lo considera testigo clave para develar a más implicados, sobre todo porque parte del dinero que recibió habría ingresado en 2014 a la campaña por la reelección del ahora expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de empresas extranjeras.

Un millón de dólares de Odebrecht pagaron una encuesta en las principales ciudades destinada a favorecer la imagen de Santos, según los fiscales.

La transferencia se hizo mediante contrato con una sociedad panameña vinculada a la agencia publicitaria colombiana Sancho BBDO.

Bula acusó al gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, de ser uno de los destinatarios del dinero.

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Prieto declaró a la fiscalía que Odebrecht colaboró también con la primera campaña presidencial de Santos de 2010, con 450.000 dólares para la impresión de dos millones de carteles.

Santos negó conocer el ingreso de esos fondos, pero su exjefe de campaña está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, cumpliendo una pena de cinco años.

La investigación a Santos en la Cámara de Representantes no prosperó; los presuntos delitos de 2010 prescribieron al transcurrir más de tres años entre el momento de su comisión y el de su denuncia, y para los de 2014 no se reunieron suficientes evidencias.

Las investigaciones mostraron que Odebrecht también pagó 1,6 millones de dólares al publicista brasileño Eduardo 'Duda' Mendoça (detenido en el marco de la Operación Lava Jato) para que asesorara a la campaña presidencial del adversario de Santos, Óscar Iván Zuluaga.

Zuluaga y su campaña fueron investigados por el Consejo Nacional Electoral, pero el proceso fue archivado por falta de pruebas.

Fiscal ad hoc

El fiscal general Néstor Humberto Martínez se declaró en abril de 2017 impedido de intervenir en tres expedientes relacionados con el escándalo de Odebrecht.

Antes de ser jefe de los fiscales, Martínez fue abogado del Grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II a través de la firma Corficolombiana.

Pero tampoco la vicefiscal María Paulina Riveros pudo hacerse cargo de los expedientes; tras una lluvia de críticas por ser subordinada y cercana a Martínez, se declaró impedida.

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Por esta razón la Corte Suprema de Justicia asumió la tarea de nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de investigar esos tres expedientes, mientras los demás casos seguirán a cargo de los fiscales ya designados.

El 13 de diciembre el máximo tribunal debe seleccionar a uno de los tres juristas propuestos por el presidente Iván Duque.

Más de 100 contratos de Odebrecht están bajo la lupa y hay investigaciones abiertas a más de 170 personas, 20 de ellas están detenidas, 16 sometidas a juicio y otras seis fueron condenadas.

En la lista hay congresistas, exministros y empresarios.

Dos muertos

Pero las sospechas sobre el fiscal general Martínez son crecientes.

El telenoticiero local Noticias UNO difundió el 11 de noviembre unas grabaciones de conversaciones sostenidas en 2015 entre Martínez (entonces abogado del Grupo Aval) y quien era supervisor especial de la Ruta del Sol II, y Jorge Enrique Pizano.

Pizano, que grabó las conversaciones, le advertía en ellas a Martínez sobre pagos por 6,4 millones de dólares que Odebrecht había entregado como sobornos.

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Pero Martínez no denunció esas irregularidades entonces como abogado del Grupo Aval y tampoco tomó medidas más tarde, cuando asumió como fiscal general en agosto de 2016.

El fiscal general solo dispuso actuaciones luego de que el Departamento de Justicia de EEUU revelara la trama de Odebrecht.

Pizano decidió entregar en septiembre la documentación que poseía y los audios a algunos periodistas a los que pidió que solo los divulgaran si moría.

El hombre dijo que temía por su vida y que estaba intentando contactar al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos para colaborar con el capítulo colombiano de la investigación a Odebrecht que se sigue en ese país.

Más aquí: Exfuncionarios de Odebrecht serán testigos en proceso por pago de sobornos en Colombia

Pizano murió aparentemente de un infarto el 8 de noviembre, y tres días después su hijo Alejandro falleció envenenado luego de que tomó una agua saborizada de una botella que estaba en el despacho de su padre y que contenía cianuro.

Las autoridades buscan determinar ahora si las muertes de los Pizano fueron homicidios.

Mientras, el fiscal Martínez se defiende y se aferra al cargo, pese a los múltiples pedidos de que renuncie.

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