Acusada de desacato, ella y todo su gabinete, tuvo que salir rauda a buscar la llave –allí donde la hubiere tirado– del cubículo donde ocultaba ese informe sobre el Brexit, y que provocó que los políticos de todos los colores no hayan dudado en calificar los términos de la salida como infame, vergonzante y humillante, tanto para los intereses del Reindo Unido, como para todos y cada uno de los británicos.
Se trata de la primera vez en la historia de la Cámara de los Comunes que este poder realiza tal acusación a un gabinete, y tuvo que ser en estas circunstancias. Theresa May está más débil que nunca, si ya cabía estarlo más a estas alturas. El motivo que justamente su ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, blandió para la nocturnidad del informe, era que su aireo imposibilitaría gobernar.
Los números hablan del aprieto en el que se encuentra May: necesita 320 votos para salvar su acuerdo y posiblemente su cargo, pero su partido cuenta con 315 diputados, de los cuales alrededor de una centena ha dejado caer que podría pronunciarse en contra.
El presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, opina que "estamos viendo de alguna forma, cómo algo que ya sucedió inicialmente, se está manifestando en este momento en cuanto a que el Brexit no es sólo un conflicto entre el Reino Unido y la UE, sino que a su vez es un conflicto interno en el Reino Unido que afecta a ámbitos muy distintos. […] En este momento es el miedo al Partido Laborista lo que está constituyéndose en un catalizador esencial de lo que está pasando".
"Las distintas posiciones se están moviendo, por un lado, en función de lo que cada uno de ellos piensa de lo que debería ser la relación del Reino Unido con Europa, y por otro lado, en cuanto a las estrategias de los conservadores en cuanto a evitar que el Partido Laborista y Jeremy Corbyn lleguen al poder", explica el analista.
Entonces, el pasado martes el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Manuel Campos Sánchez-Bordona –cuyas opiniones fungen como base de discusión para la decisión final–, echó un cable salvador para todas las partes, al estimar que Reino Unido podía dar marcha atrás al Brexit, pero bajo ciertas condiciones.
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De tomarse esa decisión por parte de Londres, debería comunicarla formalmente al Consejo Europeo tras su aprobación por el Parlamento británico, y sólo tendría efecto hasta el 29 marzo de 2019 –fecha prevista para la salida– y si no se concluyó "formalmente" un acuerdo de retirada.
Pero el jueves, el TJUE le salió al cruce de forma oficial para marcarle el terreno y los tiempos a May, al declarar que recién se pronunciará el lunes 10 –víspera providencial de la votación en el Parlamento británico– sobre si Londres puede practicar la marcha atrás de forma unilateral.
Para Zelaia "hay pocas dudas con respecto a que las estructuras de la UE han trabajado activamente en los últimos años contra el Brexit. Es decir, para evitar que el Reino Unido salga de la UE. En este contexto ahora se está haciendo explícito de alguna forma, pero hay pocas dudas que se van a mantener todas las puertas abiertas a que el Reino Unido dé marcha atrás, si en un momento determinado quiere hacerlo. Y que incluso se ha creado un contexto negociador y un contexto de acuerdo que está de alguna forma facilitando esta vía".
En este contexto, el banco estadounidense de inversiones J.P. Morgan estimó que las posibilidades de que Reino Unido cancele el Brexit en su totalidad han aumentado.
"Aquí tenemos que tener en cuenta distintos intereses. Está por un lado el interés personal de Theresa May de mantenerse en el cargo. Esto es algo que está muy directamente relacionado con el hecho de que la propuesta actual se apruebe o no. Y otra cosa es los intereses globales de esa élite del Partido Conservador, de la élite financiera de la 'City' fundamentalmente, y que pueden ir perfectamente en otra dirección, en la de sacrificar a May con el fin de ir a un segundo referéndum en caso necesario", concluye Adrián Zelaia.
