"La Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores (Lima), a cargo de la fiscal Janet Bernal Loayza, abrió una investigación por la presunta interceptación telefónica al expresidente Alan García", informó la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.
En la noche del 5 de diciembre, el exmandatario y líder del Partido Aprista Peruano (centroizquierda) denunció, junto a otros militantes, que una camioneta "sospechosa" se encontraba frente a su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores.
Efectivos de la Policía procedieron a intervenir el vehículo y encontraron personas con aparatos electrónicos que, según denunció el expresidente, servirían para interceptar sus comunicaciones telefónicas en una práctica que en Perú se conoce como "chuponeo".
El expresidente permaneció junto al vehículo hasta la llegada del fiscal de turno, quien procedió a su sellado para una futura investigación.
Ante la denuncia de García, quien acusó al Gobierno de estar espiándolo, el ministro del Interior respondió que el vehículo es el que usa la Policía para registrar imágenes en casos de manifestaciones o aglomeraciones públicas.
Asimismo, Morán puntualizó que su presencia frente a la casa del exjefe de Estado fue solicitada el 4 de diciembre por su secretario, Ricardo Pinedo, quien exigió garantías para García.
"Me sigue sorprendiendo esa actitud de victimizarse (de García) ante la opinión pública, en la Policía Nacional, en el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no hay ninguna práctica ilegal, es más, estamos decididos a luchar contra la corrupción y esto nos indigna", indicó el ministro del Interior.
A pesar de que numerosos especialistas en tecnología han indicado que para interceptar telefónicamente a una persona no hace falta poner un vehículo frente a su casa, sino que esto se puede hacer incluso a miles de kilómetros de distancia, la Fiscalía procederá con las investigaciones ante los reclamos del expresidente.
Desde hace un tiempo García afirma que es víctima de persecución política de parte del Gobierno, razón por la cual pidió asilo a Uruguay.
El exjefe de Estado viene siendo investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante su segundo mandato; actualmente pesa sobre él una orden de impedimento de salida del país.
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