"Lo que hablé con el señor presidente de la Corte [José Luis Barceló] es que debemos reintegrar la terna (…), estoy haciendo nuevamente una evaluación de nombres que, crea yo, reúnen las mejores condiciones para ocupar un encargo de esa naturaleza", dijo Duque a la emisora local Ecos del Combeima, de Ibagué (Tolima, centro-occidente).
La negativa del tribunal ante los nominados fue porque una de los candidatos, Margarita Cabello, renunció a esa aspiración porque es magistrada de la Corte y "podría influir en demorar una decisión tan trascendental para el país", indicó la funcionaria a través de un comunicado.
"Nos hemos tomado esta labor en serio, para que tengamos personas de las mejores calidades para que puedan ejercer esa responsabilidad, con independencia y con contundencia, para que con celeridad podamos tener responsables de los crímenes que cometió esa empresa", agregó Duque este viernes a la emisora.
Se prevé que la decisión se postergue hasta el 24 de enero ya que la Corte entra a vacancia judicial el próximo 20 de diciembre.
La terna estaba integrada en un comienzo por los juristas Margarita Cabello, Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zabala, quienes fueron propuestos para seguir tres investigaciones relacionadas con el pago de sobornos de Odebrecht luego de que la vicefiscal General, María Paulina Riveros, fue recusada para la investigación porque tiene una relación cercana con el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
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El Fiscal General, a su vez, se declaró impedido para seguir el caso contra la multinacional, ya que antes de ocupar ese cargo sirvió como abogado de Corficolombiana, firma que fue socia de Odebrecht en el país para la construcción de la Ruta del Sol II, un extenso entramado de carreteras que para cuya adjudicación la multinacional brasileña pagó millonarios sobornos a funcionarios públicos.
Según Pizano, Martínez sabía desde 2015 de los sobornos que pagaba Odebrecht en el país, pero nunca las denunció como abogado que era de Corficolombiana y, además, actuó de manera tardía en el caso luego de que asumió como Fiscal General en agosto de 2016.
Pizano murió por un infarto cardiaco el pasado 8 de noviembre y 48 horas después su hijo Alejandro también falleció luego de que tomó un agua saborizada del despacho de su padre y que contenía cianuro, por lo que las autoridades buscan determinar si se trató de un homicidio.
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Tales muertes agudizaron más el caso de Odebrecht en Colombia y colocaron a Martínez en la picota, por lo que desde varios sectores le piden la renuncia y llevaron a que se tomara la decisión de nombrar un fiscal ad hoc que siga las investigaciones a Odebrecht.
La multinacional habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, según ha revelado la propia Fiscalía.
