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Presidente colombiano pide máxima sanción económica para Odebrecht

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BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a las autoridades administrativas y fiscales que impongan la sanción económica más alta a la multinacional brasileña de la construcción Odebrecht, señalada de ofrecer millonarios sobornos para beneficiarse con contratos de infraestructura.

"Creo que los casos que tiene en consideración la Superintendencia (de Industria y Comercio), y que no hago referencia explícita porque no pretendo hacer ningún prejuzgamiento, pero que el país los conoce, espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción", dijo Duque en la conmemoración de los 50 años de la entidad, transmitida en streaming.

El presidente de Colombia, Iván Duque - Sputnik Mundo
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Toda compañía que "corrompa a un funcionario para ganar un contrato no solamente está incurriendo en una grave falta penal, sino en una grave falta al derecho a la competencia, que amerita que se aplique la más alta de las sanciones pecuniarias posibles", dijo Duque.

Asimismo, consideró que no se puede permitir que una sola empresa "pretenda considerarse parte del ambiente económico nacional" a través de "dádivas, de sobornos, de coimas, de recursos que se pagan en paraísos fiscales".

Odebrecht ha ofreció al Estado colombiano un Acuerdo de Reparación Integral por medio del cual ofrecía una compensación económica equivalente a 33,7 millones de dólares por los perjuicios generados por los delitos cometidos, a cambio de que se retiren todos los procesos legales y administrativos en su contra y se le permita volver a presentarse a licitaciones públicas.

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La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado rechazaron la propuesta y pidieron a la Superintendencia de Sociedades que sancione a Odebrecht con una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado colombiano.

Odebrecht habría pagado unos 29 millones de dólares en sobornos en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura, según la Fiscalía General.

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