"Hasta el momento, por lo consultado con nuestro abogado, [García] no tiene ninguna medida [en su contra]. Es una posibilidad que no se descarta, pero eso solo demostraría que existe persecución política en su contra", dijo Pinedo en entrevista con radio RPP.
Diversas voces políticas en este país andino han manifestado la necesidad de que el Poder Judicial dicte cuanto antes la prisión preventiva del exmandatario, investigado por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante su segundo mandato.
El secretario de García insistió en que si el Poder Judicial de Perú ordena prisión preventiva contra el expresidente, esto confirmaría "que siempre ha existido una intención de detenerlo arbitrariamente".
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Consultado por el paradero o planes futuros de García luego de la negación del asilo, Pinedo negó conocerlos.
García cumplió con este requerimiento media hora después de conocida la noticia.
El exjefe de Estado peruano había ingresado a la residencia del embajador uruguayo Carlos Barros el 17 de noviembre, cuando formalizó su pedido de asilo.
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Horas antes, el Poder Judicial había ordenado el cierre de fronteras para García por 18 meses.
