"Todos los aforamientos de los cargos públicos políticos quedarán reducidos al estricto ejercicio de sus funciones", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Actualmente, sólo el Tribunal Supremo puede investigar a miembros de Ejecutivo, diputados o senadores, lo que impide que audiencias y tribunales provinciales puedan procesar a políticos.
En los últimos años esta protección fue objeto de polémica en España, ya que su aplicación dificultó o retrasó el desarrollo de múltiples procesos judiciales por casos de corrupción.
Según explicó Calvo, la reforma de la Constitución propuesta por Moncloa eliminará esta protección para aquellos casos en los que se investiguen delitos no relacionados "estrictamente" con el cargo.
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En su opinión, esto hará que España "se parezca al resto de Europa", dejando atrás el escenario actual, que "produce mucha desazón a los ciudadanos en términos de calidad democrática".
"Esta propuesta tiene que ver con la regeneración democrática […] Los ciudadanos tienen que seguir confiando en la fortaleza de las instituciones y en la extraordinaria madurez de nuestro sistema constitucional", añadió.
De materializarse, esta sería la tercera reforma de la Constitución española, aprobada en 1978.
En sus cuatro décadas de vida el texto constitucional fue sometido a reforma sólo en dos ocasiones: la primera fue en 1992, para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich, mientras que la segunda tuvo lugar en 2011, con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar la estabilidad presupuestaria ante el gasto social.
