"Este fallo que se ha pronunciado que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia. Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune", señaló la familia de la activista en una conferencia.
Fueron declarados culpables por el asesinato de la activista Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.
La familia de Cáceres afirmó que el veredicto emitido no satisface sus exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de la activista y el intento de asesinato a Gustavo Castro.
"Ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras; sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real", señalaron los familiares.
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Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su muerte, sino también al Estado hondureño por la falta de protección pese a las denuncias realizadas previo a su muerte.
