"Las referidas medidas coercitivas unilaterales tienen como propósito afectar la estabilidad del hermano Pueblo Nicaragüense y su gobierno constitucional; una vez más, se pretenden propiciar escenarios de violencia política y de distorsión económica (…) violando principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", señala el comunicado difundido por la Cancillería.
El 27 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tomó medidas de conformidad "con una nueva orden ejecutiva que se dirige contra el régimen del presidente Daniel Ortega y sus promotores".
Un comunicado oficial de la OFAC señala que los sancionados continúan involucrados en "corrupción rampante, desmantelamiento de las instituciones democráticas, serias violaciones de derechos humanos y explotación del pueblo y de los recursos públicos de Nicaragua para beneficio propio".
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Las sanciones a Murillo y a Moncada implican que cualquier propiedad o intereses que posean y que se encuentren bajo jurisdicción de EEUU deben ser bloqueados y reportados a la OFAC.
Además, las personas físicas y jurídicas de EEUU tienen prohibido todo tipo de transacciones con los sancionados.
