"Los dirigentes surcoreanos respetan este dictamen judicial y lamentan mucho la reacción excesiva que vuelve a mostrar Japón", dijo citado por la agencia Kyodo.
La primera fue presentada por cinco personas a las que en 1944 habían obligado por fuerza a trabajar en una planta de Hiroshima, donde sufrieron contaminación radiactiva por el bombardeo nuclear de 1945; la segunda fue de un grupo de mujeres que habían trabajado en una fábrica de Nagoya de Mitsubishi.
La Cancillería de Japón expresó una protesta al embajador de la República de Corea, señalando que ese dictamen viola la legislación internacional, porque a tenor del tratado de 1965 sobre la normalización de relaciones Japón pagó a Corea del Sur 300 millones de dólares y le transfirió otros 200 millones de dólares en forma de créditos.
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Con eso se daba por satisfechas todas las pretensiones de los particulares y las compañías, suponiendo que las compensaciones se pagarían con ese dinero.
En octubre pasado, el Tribunal Supremo surcoreano satisfizo una demanda de exobreros de la compañía japonesa de fundición de acero Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
