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Futuro presidente mexicano hereda 60 casos de corrupción por $325 millones

© REUTERS / Henry RomeroAndrés Manuel López Obrador, presidente electo de México
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, heredará más de 60 denuncias penales y administrativas contra funcionarios del gobierno saliente, por irregularidades y desvío de más de 6.650 millones de pesos (unos 325 millones de dólares), dijo a Sputnik una fuente anticorrupción.

"Nos manifestamos en contra de la amnistía a cualquier acto de corrupción, y tomamos el lado positivo a esta especie de política pública, anunciada por parte de López Obrador, para que proceda en contra de funcionarios públicos de 19 dependencias federales del gobierno saliente y diversas empresas privadas", dijo a esta agencia Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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Durante el segundo semestre de 2018, después de la arrolladora victoria electoral del líder de la izquierda nacionalista, los investigadores de la organización ciudadana examinaron pistas de posibles actos de corrupción y desvío de fondos públicos por parte de altos cargos del Gobierno del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

Tras descubrir decenas de informes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependencia encargada de vigilar el ejercicio del gasto público y el desempeño de los funcionarios, "le tomamos la palabra al futuro presidente y le solicitamos que honre su palabra, que no detenga las investigaciones abiertas", dijo el responsable de los casos más emblemáticos de peculado.

Entre ellos destaca el caso del ejecutivo federal y los sobornos de la compañía Odebrecht, que la organización ha investigado con una red latinoamericana independiente sobre la constructora brasileña hasta los archivos de la fiscalía de Brasil, cuyas ramificaciones llegan a la campaña electoral de Peña Nieto y la estatal Petróleos Mexicanos, gobernadores oficialistas y miembros del gabinete presidencial.

En el transcurso de este mes, MCCI utilizó esos expedientes federales como base para redactar más de 60 denuncias penales y administrativas.

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El resultado preliminar es que "ya han comenzado algunas investigaciones federales y ninguna demanda ha sido rechazada en las respuestas que hemos recibido de las autoridades", dijo Carrasco.

La asociación civil sin fines de lucro puntualiza que no abandonará las acciones legales contra las redes de corrupción que cuestan al país, por lo menos un 10 por ciento o 25.000 millones de dólares anuales del presupuesto federal.

Mensaje contra la impunidad

A pesar de las denuncias de todos los partidos de oposición sobre un presunto "pacto de impunidad" entre López Obrador y Peña Nieto "el lado positivo consiste en su promesa de que no va detener las investigaciones que ya comenzaron", explicó el experto.

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Aunque el futuro mandatario rechaza emprender una "cacería de brujas", y promete que no reabrirá procedimientos cerrados, "eso no implica que no puedan ser impugnados", respondió Carrasco interrogado sobre ese argumento.

MCCI considera como "una declaración asombrosa" de López Obrador que, después de articular su campaña electoral alrededor del combate a la corrupción y la impunidad, declarara en un vídeo tras ganar las elecciones, que pondrá punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía exfuncionarios, que presuntamente habían cometido actos de corrupción.

Mientras que líder de la izquierda nacionalista argumenta que procesar a expresidentes y exfuncionarios podría generar inestabilidad política, "la falta de castigos ejemplares crea un efecto contrario, puesto que anula los incentivos que disuaden a los perpetradores de actos de peculado", explicó Carrasco.

Las dependencias que recibieron las denuncias penales son la Procuraduría General de la República y la secretaría de la Función Pública, con base en las propias investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

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