El fallo decreta "el procesamiento sin prisión preventiva de Paolo Rocca", de acuerdo a la resolución.
El juez federal también procesó con el mismo embargo a otras cinco personas, entre ellas quien fuera jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, Juan Manuel Abal Medina.
Bonadío le dictó la falta de mérito a otro de los empresarios argentinos más importantes del país, Marcelo Mindlin, dueño de la constructora Iecsa y de Pampa Energía y muy ligado al presidente Mauricio Macri.
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El juez no encontró elementos para procesar a Mindlin o sobreseerlo por el pago de sobornos.
Rocca bajo sospecha
Durante su declaración indagatoria el pasado 6 de octubre, Rocca aseguró que no tuvo conocimiento del pago de supuestos sobornos a funcionarios del Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El ejecutivo señaló durante su interrogatorio a uno de los directores de Techint ya procesado, Luis Betnaza, como el responsable de los sobornos que se habrían pagado a miembros de la anterior administración a cambio de obtener contratos de obra pública.
Rocca sostuvo que los sobornos ordenados por Betnaza fueron ejecutados por otro exdirectivo de Techint, Héctor Zabaleta, que figura como arrepentido en la causa y con falta de mérito, situación apelada por los fiscales.
La ley del arrepentido, vigente desde noviembre de 2016, avala la reducción de pena para un imputado que brinde información relevante en una causa judicial en curso.
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En esta investigación están procesadas otras 40 personas, entre empresarios y funcionarios del Gobierno de Fernández, incluida la expresidenta.
El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.
Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre destacados empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.
Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaron sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.
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Bonadío los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno.
