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Partidos opositores peruanos denuncian ante la CIDH la "criminalización" local de la política

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LIMA (Sputnik) — Políticos de Perú de la agrupación Fuerza Popular (derecha) y del Partido Aprista Peruano (PAP, centroizquierda), ambos opositores, presentaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denuncian que existe criminalización de la política de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial.

"Secretaria Ejecutiva de la CIDH recibió hoy el pronunciamiento en el que parlamentarios y exparlamentarios peruanos expresan su preocupación frente a las amenazas antidemocráticas de sectores de la judicatura que buscan criminalizar el accionar de los parlamentarios", publicó Cecilia Chacón, parlamentaria de Fuerza Popular en la red social Twitter.

Chacón y Mauricio Mulder, congresista del PAP, son los firmantes del documento.

En la carta a la CIDH se cita el artículo 93 de la Constitución que indica que los legisladores "no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación".

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Asimismo, señala que los legisladores no deben responder ante ningún órgano jurisdiccional "por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones".

Los miembros de Fuerza Popular y el PAP argumentan que existe de parte del sistema judicial una "campaña contra el Congreso de la República y contra la representación parlamentaria", por lo que demandan que la CIDH esté pendiente de lo que sucede en el país en relación a este tema.

Políticos de Fuerza Popular y del PAP, incluidos sus respectivos líderes Keiko Fujimori y el expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), vienen siendo investigados por la Fiscalía acusados de haber recibido dinero ilícito de la empresa brasileña Odebrecht.

Además: Asilo a Alan García sería "una bomba de neutrones contra débil democracia" de Perú

Keiko Fujimori está cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir fondos ilícitos para su campaña a la presidencia en 2011.

A Alan García se le dictó impedimento de salida del país por 18 meses por presuntos sobornos de Odebrecht.

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Ante esa decisión judicial el expresidente ingresó el 17 de noviembre a la residencia del embajador del Uruguay en Lima para solicitar asilo al considerarse víctima de persecución política.

Los miembros de Fuerza Popular y del PAP denuncian ante el organismo internacional que las acciones de la justicia en su contra constituyen un intento por criminalizar sus funciones políticas.

Más aquí: Presidente uruguayo: no existen plazos para decidir sobre asilo a peruano Alan García

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