"El proceso abierto deslegitima la soberanía del voto popular al convertir el ejercicio de la presidencia en una actividad delictiva", subrayó la exmandataria según el texto, remarcando que la denuncia es genérica y que las acusaciones no derivan de investigaciones previas.
El juez Vallisney Oliveira, del distrito federal, aceptó el viernes una denuncia que presentó en septiembre del año pasado el procurador general de la República, Rodrigo Janot, acusando a Lula y a Rousseff de integrar una organización delictiva que habría desviado 1.480 millones de reales (casi 390 millones de dólares) de los cofres públicos con sobornos alrededor de Petrobras.
Rousseff "jamás fue escuchada por autoridades policiales o judiciales" sobre las acusaciones que pesan sobre ella en este proceso y nunca tuvo oportunidad de defenderse, indica el comunicado.
"La única interpretación posible es que la expresidenta Dilma, como los otros imputados, está siendo víctima de law-fare, cuando se utilizan herramientas legales para procesarla sin pruebas", añade el texto.
Temas relacionados: Cinco de cada 10 brasileños creen que expresidenta Rousseff sufrió golpe de Estado en 2016
Además de Lula y Rousseff, también fueron procesados los exministros de Economía Antonio Palocci y Guido Mantega y el extesorero del PT João Vaccari Neto (todos ellos ya están en la cárcel por otros casos).
