Según el informe que remitió el organismo al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y al que tuvo acceso TV3, el primer canal de la televisión pública catalana, el Gobierno catalán destinó 177.304 euros a los honorarios y viajes de los observadores internacionales contratados por la Agencia de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) —una fundación de cuyo patronato forma parte la Generalitat— y 20.000 euros a la traducción al inglés de la página de la agencia, es decir, un total de 196.906 euros.
Las defensas legales de los acusados por la Justicia española por su papel en la organización de la consulta soberanista, que fue declarada anticonstitucional por los tribunales españoles, sostienen que, siendo la cifra inferior a los 200.000 euros, y de acuerdo con el código penal español, no se pueden pedir las penas de prisión más elevadas, de hasta siete años de cárcel, a los miembros del gabinete de Carles Puigdemont durante la pasada legislatura por un presunto delito de malversación de fondos.
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La cifra del informe de Hacienda, señala TV3, es también inferior a la ofrecida por la Fiscalía y la abogacía del Estado, que afirmó que ascendía a los 815.000 euros.