"Este pedido pone al país al que le es solicitado el asilo en una posición nada envidiable, porque también debe de tomar en cuenta que la decisión que tome podría constituir una intromisión en asuntos internos de otro país", dijo Jaime Reusche en entrevista con la Agencia Andina.
El exmandatario es investigado por la Fiscalía peruana por presuntamente haber recibido sobornos por cerca de ocho millones de dólares de la empresa brasilleña Odebrecht por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Asimismo, se le imputa presunto lavado de activos por pagos ilícitos por conceptos de conferencias dictadas para Odebrecht y socios empresariales brasileños en 2012, que habrían sido actividades de fachada para el lavado de fondos ilícitos.
El Gobierno de Perú niega que exista una persecución política en el país y tampoco contra el expresidente.
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Añadió que la calificación de la deuda del país no se vería afectada por la situación ya que no tendría repercusiones financieras.
"Sin embargo persiste la pregunta de si verdaderamente veremos una mejora luego de que se calmen las aguas. Tal vez eso sea lo que determine si el proceso fue válido o no", comentó.
El ejecutivo dijo que si las reformas propuestas por el Gobierno para luchar contra la corrupción dan fruto, muchos inversionistas reaccionarían de forma positiva.
