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Tribunal de paz colombiano ratifica pedido de pruebas a EEUU para extraditar a Santrich

© AP Photo / Cubadebate, Ismael FranciscoJesús Santrich, exguerrillero colombiano, integrante del partido político FARC
Jesús Santrich, exguerrillero colombiano, integrante del partido político FARC - Sputnik Mundo
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BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en Colombia negó a la Procuraduría un recurso que interpuso en contra de la decisión de solicitarle a Estados Unidos pruebas en contra del exguerrillero de FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por ese Gobierno.

"La Sección de Revisión considera inapropiado comparar el novedoso instrumento de la justicia transicional —la garantía de no extradición- con el ordinario que se surte ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin percatarse de que las competencias y atribuciones son diversas", dijo la JEP en un comunicado.

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Asimismo, consideró que la Procuraduría no puede basarse en el trámite de extradición que se surte en la justicia ordinaria, ya que éste es sustancialmente diferente al trámite de la JEP, por lo que ratificó su decisión del pasado 23 de octubre de pedirle pruebas a EEUU para evaluarlas y determinar si Colombia da o no en extradición a 'Santrich'.

La JEP, creada para juzgar a militares, excombatientes de FARC y terceros que financiaron el conflicto armado, destacó también que no se ha excedido en sus funciones al solicitarle tales pruebas a EEUU, ya que su deber es establecer con exactitud la fecha en la que 'Santrich' habría cometido los delitos por los cuales es reclamado.

"El trámite de la garantía de no extradición no tiene por objeto juzgar al ciudadano colombiano, sino determinar la procedencia o no de esa garantía, motivo por el cual la Sección de Revisión guarda absoluto respeto a la órbita de competencia de la justicia de los Estados Unidos de América y a sus decisiones", indicó la JEP.

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Desde el pasado lunes corre el plazo de 40 días dado por la JEP para determinar si las pruebas que debe presentar EEUU son suficientes y justifican el pedido de extradición de Santrich.

En caso de que EEUU no envíe las pruebas en ese tiempo, la JEP será la que determine la situaciones de el exguerrillero.

Sin embargo, el embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, ha advertido que es muy poco probable que la Justicia de su país entregue las pruebas pedidas por la JEP, ya que entre ambas naciones "solo se debe demostrar causa probable" por quien lo requiera.

Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de este año en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU, por lo que permanece detenido en la cárcel La Picota, de esta ciudad.

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El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.

Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, Santrich no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".

Así, en una decisión inédita, la JEP, a través de la Cancillería colombiana, reclamó a EEUU "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich, con lo cual mantiene suspendido el proceso a la espera de que el Gobierno estadounidense aporte las pruebas, lo cual se prevé que no ocurra, ya que es algo impropio en los trámites de extradición.

Según la Procuraduría, la JEP no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

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