La corte rechazó la demanda que 104 palestinos presentaron en contra de su desalojo del barrio, donde vivieron judíos yemeníes a principios del siglo XX.
Las parcelas fueron entregadas por el custodio general —que gestiona las tierras de los que viven fuera de Israel o en países de enemigos por una ley de 1950— a la organización Ateret Cohanim.
El Supremo admitió que se habían producido errores en el traspaso de las tierras y que los residentes no fueron informados, pero aún así, rechazó la demanda.
El tribunal ha dejado en manos de cortes inferiores el arbitraje de las demandas y los palestinos residentes podrán seguir adelante con su reclamación a ese nivel judicial.
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La corte sin embargo señaló que será responsabilidad de tribunales inferiores arbitrar estas reclamaciones antes de poner en marcha cualquier desalojo, permitiendo que los residentes continúen el proceso judicial.
