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Plan del próximo Gobierno mexicano mantendrá "militarizada" la seguridad

© AP Photo / Anthony VazquezAndrés Manuel López Obrador, político mexicano, presenta su Plan de Austeridad Republicana, México, 14 de julio de 2018
Andrés Manuel López Obrador, político mexicano, presenta su Plan de Austeridad Republicana, México, 14 de julio de 2018 - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El plan de Paz y Seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la "militarización" de la seguridad pública, relega la reconstrucción de instituciones de justicia y descarta crear una fiscalía autónoma, dijo a Sputnik el experto y defensor de derechos humanos, Edgar Cortez.

"Nos sentimos frente a una paradoja: por una lado, la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que autorizaba usar a las fuerzas armadas contra el crimen; y en forma simultánea, el plan de Paz y Seguridad del próximo Gobierno plantea que permanecerá el modelo de militarización de la seguridad", señala el director y fundador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).

López Obrador y los futuros responsables federales presentaron la tarde del 14 de noviembre su estrategia de seguridad contra la corrupción, la impunidad, que busca atender las causas sociales de pobreza y marginación que causan la violencia, pero decidieron mantener el papel de los militares contra la delincuencia, para crear una Guardia Nacional bajo el mando de la Fuerzas Armadas.

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Cortez, integrante de los colectivos "Seguridad sin guerra" y "Fiscalía que sirva" integradas por más de 300 organizaciones civiles y expertos, advierte que el plan "plantea inclusive dar un paso más para modificar la Constitución, con el fin de incorporar a los militares a una tarea que la Carta Magna establece como propia del ámbito de las instituciones civiles", argumentó.

La propuesta de militarizar la seguridad interior, como ha ocurrido desde los gobiernos anteriores de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), "es una oportunidad perdida que se aparta de la posibilidad de reforzar una lógica que hemos promovido durante años desde la sociedad civil, de construir una seguridad ciudadana para desmantelar el modelo militarizado impuesto hace una década, con graves consecuencias", lamentó Cortez.

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López Obrador argumentó que tenía dos opciones: apoyarse en la policías Federal y Ministerial, con 40.000 agentes pero solo la mitad desplegada en el terreno, o buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas.

"Eran dos opciones, al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones: decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas, buscar la unidad, conformar la Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, esa fue la decisión que tomamos", informó el presidente electo en un discurso de presentación del plan.

Cortez, exsacerdote jesuita y precursor del Centro de DDHH "Agustín Pro Juárez" de la Compañía de Jesús en los años 1990 señala: "esa opción es una repetición de lo hecho en esa materia en años anteriores, lo cual nos lleva a pensar que no podemos esperar resultados diferentes a los que hemos tenido con ese mismo modelo", lamentó la decisión.

Expectativas de la sociedad civil decepcionada

Las organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de desaparecidos y violaciones perpetradas por militares ante organismos internacionales se sienten desilusionadas.

"Teníamos la expectativa de que en esta oportunidad se aprovechara para plantear una estrategia innovadora, pero todo apunta a que seguirá la militarización de la seguridad pública", expresó Cortez.

Aunque el plan de López Obrador plantea que no habrá nuevos maltratos, torturas ni violaciones a derechos humanos, "en suma es solo un acto voluntarista, que no parece tener sustento en la realidad, que ignora la naturaleza, el carácter y la formación que tienen las fuerzas armadas", replica el experto.

Impedir las violaciones a los derechos humanos "no es un asunto de querer o no querer cometerlas, sino que se origina en el diseño estructural, porque las fuerzas armadas están preparadas para la guerra, no para tareas de seguridad pública", enfatizó.

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Hay un "sentimiento agridulce", expone: haber ganado una batalla contra Peña Nieto y su partido en la Suprema Corte, muestra que en este país la división de poderes es real.

"Esperamos que ese fallo lleve al equipo del nuevo Gobierno a repensar y reconsiderar un elemento erróneo de la estrategia", añade con esperanza.

La parte positiva del proyecto del futuro presidente es que "formula una política social que busca ir a las causas de la violencia que nos parece muy bien", prosigue, sobre esa política "indispensable" que dará resultados a largo plazo.

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Pero a corto plazo, "no habla de fortalecer las instituciones encargadas de las procuración de justicia, de la fiscalía independiente, que requiere una reforma de los órganos persecución de los delitos, de los cuales no hay un sola mención", lamentó.

Una nueva ley orgánica para una nueva fiscalía que reemplazará a la procuraduría federal recibió luz verde en el Congreso.

"Desde el colectivo Fiscalía que Sirva, en las negociaciones con el equipo del presidente electo sobre ese tema cedimos, y aceptamos retirar nuestra exigencia de una reforma al artículo 102 de la Constitución", reveló Cortez.

El objetivo de esa propuesta, postergada, es despolitizar el proceso de selección del fiscal general, para que sea totalmente independiente del presidente.

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"Cedimos porque nos dijeron que no habría reformas constitucionales; y hoy vemos que no era cierto, que habrá una reforma constitucional para legalizar el rol de los militares", explicó Cortez sobre el descontento colectivo.

En cambio, además de la negativa a aceptar la autonomía plena la fiscalía encargada de la persecución de los delitos, el futuro oficialismo impulsará en cambió otra reforma, para poder seguir la militarización.

"Con toda transparencia estamos poniendo este asunto a consideración de ciudadanos y legisladores, les pedimos que nos ayuden, porque hay que hacer una reforma constitucional", adelantó el presidente electo.

Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre.

Además: Nuevo presidente del Congreso: la ley que avala militarizar a México es "insostenible"

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