"La afectación económica del 155 en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, bien por pérdida, bloqueo o retrasos, supera los 1.800 millones de euros", reza un informe emitido por el Ejecutivo catalán.
El propio informe reconoce que "no es fácil cuantificar de manera exacta la incidencia económica de la intervención del Estado en la economía catalana".
"Se han de tener en cuenta los importantes asuntos que se bloquearon sin motivo aparente o que, a causa de la complejidad burocrática impuesta por la Administración General del Estado, sufrieron retrasos en su tramitación", afirma el informe.
Para los autores del documento, esas cuestiones "no se consideran impacto económico directo", pero "sus efectos económicos pueden ser muy importantes".
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El artículo 155 de la Constitución —que permite intervenir a administraciones autonómicas declaradas en desobediencia— fue aplicado por el anterior Gobierno español, presidido por el conservador Mariano Rajoy, después de que el Parlamento catalán aprobara una declaración de independencia el 27 de octubre de 2017.
Dicha declaración de independencia tomaba como base los resultados del referéndum unilateral convocado por el Gobierno catalán el día 1 de ese mismo mes.
Pese a su aprobación, la declaración de independencia no llegó a tener efectos reales.
Rajoy utilizó el 155 para cesar al Gobierno catalán y convocar unas nuevas elecciones autonómicas.
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La intervención se mantuvo desde octubre de 2017 hasta junio de 2018, cuando tomó posesión un nuevo Gobierno de corte independentista, nacido de las elecciones convocadas por Rajoy.
