La mayor concentración tuvo lugar en Madrid, donde miles de personas se manifestaron ante la sede del Tribunal Supremo en una convocatoria impulsada por la coalición de izquierdas Unidos Podemos junto a varios sindicatos y organizaciones cívicas.
En declaraciones a la prensa, Iglesias acusó al Supremo de "ceder al chantaje de la banca" y pidió al resto de fuerzas políticas recapacitar sobre la necesidad de elaborar una ley que vaya en la línea de la sentencia anulada para que a los españoles "se les devuelva el dinero"
Aunque la mayor concentración se produjo en Madrid, cientos de personas se manifestaron en otras ciudades importantes como Cádiz, Barcelona, Pamplona o Zaragoza.
Radio: España: el Gobierno da un golpe a la banca
Las manifestaciones fueron convocadas después de que el Supremo diese marcha atrás a la sentencia en cuestión tras una polémica decisión adoptada el miércoles con los votos a favor de 15 magistrados y los votos en contra de 13.
Hasta la fecha, el Supremo sólo ofreció explicaciones para justificar su decisión de revisar la sentencia argumentando que ésta suponía un "giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y que además su aplicación tendría "enorme repercusión económica y social".
Según distintas estimaciones, si se hubiera mantenido esa sentencia, los bancos tendrían que haber asumido el reembolso de más de 3.500 millones de euros a clientes hipotecados desde octubre de 2014.
De acuerdo con los cálculos del principal sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la banca tendría que haber asumido 3.661 millones en reembolsos, mientras que la agencia de calificación Moody’s aumenta esa previsión hasta los 4.000 millones.
El impuesto es el referente a los Actos Jurídicos Documentados (AJD), por el cual se debe pagar entre un 0,5 y un 1,5% del importe total de una hipoteca por la mera constitución de la misma.
Tras la polémica generada por la actuación del Supremo, el Gobierno acordó cambiar la ley para dejar claro que, a partir de ahora, deben ser los bancos quienes asuman el pago de dicho impuesto.
Sin embargo, la nueva ley no puede aplicarse con retroactividad, por lo que no ofrece una satisfacción a aquellas personas con una hipoteca firmada desde octubre de 2014, que según la primera sentencia del Supremo tenían la posibilidad de reclamar el reembolso del impuesto, una opción que ahora se encuentra diluida para ellos.
