"No hemos tenido ningún acercamiento formal con el Ejecutivo que tenga relación con nuestras reales demandas, y por eso, y considerando que las autoridades solo nos mandan recados por la prensa, decidimos radicalizar el movimiento", señaló al canal CNN Chile el vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Andrés Segovia.
Sin embargo, luego de que el Ministerio de Justicia señalara el 7 de noviembre que el paro era "ilegal" y amenazara a los trabajadores con realizar sumarios y descontar dinero de sus sueldos, los gendarmes decidieron tomar medidas más drásticas.
Diversos grupos se acuartelaron en las cárceles y mantienen bloqueados los accesos a los establecimientos penitenciarios, prohibiendo el ingreso de los imputados y la salida de los internos, salvo en situaciones de salud o emergencias.
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Esta situación ha generado retrasos en las audiencias de los juicios que se llevan a cabo en los tribunales, obligando a algunos imputados a pernoctar en los calabozos de los mismos tribunales de justicia al no haber podido ser trasladados a las cárceles.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, realizó una conferencia de prensa donde no se refirió en específico a la radicalización del paro, pero sí hizo "un llamado a la calma a aquellos dirigentes que profesan algunos exabruptos o se exaltan con los hechos".
"Cuando uno sigue un lenguaje de la violencia o de la dureza, se encuentra con un camino difícil", aseguró Larraín.
Actualmente, los funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militarizada) se encuentran replegados a las afueras del Centro de Justicia de Santiago y de la Cárcel Santiago 1, preparándose para terminar el bloqueo de los gendarmes.
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El acuartelamiento también se extendió a otras ciudades del país en cárceles de Talca (centro), Valdivia (sur), Curicó (sur) y otras; desde las agrupaciones de gendarmes han afirmado que existe un 98% de adhesión al paro, cifra que correspondería a casi 20 mil trabajadores.
