"Casi el 60% de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal se encuentran sin condena firme", informó en un comunicado el organismo público y autónomo de los tres poderes del Estado.
"Esta práctica debería ser usada como excepción y no como regla", advierte el comunicado.
La prisión preventiva en Argentina es más insidiosa en el caso de las mujeres.
Casi 70% de las mujeres privadas de su libertad se encuentra procesada, es decir, sin sentencia firme.
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El abuso de esta herramienta llevó a que aumentara el número de reclusas en las instituciones penitenciarias federales.
En 2017, esa tendencia creció 18%, un incremento cuya causa central "se encuentra en el uso extensivo de la prisión preventiva", insiste el documento.
Las reclusas alojadas en establecimientos penitenciarios federales tienen en promedio 37 años y tres hijos a su cargo.
El motivo principal del encarcelamiento de mujeres es la infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que el de varones es por delitos contra la propiedad.
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El abuso de la prisión preventiva también ocasiona un hacinamiento de las prisiones federales, que alojan un número de reclusos mayor al de su capacidad.
Recomendaciones
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se percató en mayo de 2017 del sistemático empleo de la prisión preventiva en Argentina, por lo que recomendó al Estado examinar esta situación "y adoptar las medidas necesarias, incluida la capacitación de jueces".
En coincidencia con la CIDH, la Procuración Penitenciaria propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, como la promesa de la persona acusada de no impedir la investigación; de someterse a algún tipo de control; de presentarse ante el juzgado; de no salir del país sin autorización; de prohibirle su asistencia a determinados lugares, o de establecer una fianza, entre otras recomendaciones.
