"Lava Jato tiene tres consecuencias: política, jurídica y económica. Las dos primeras avanzan y se van resolviendo (…) El problema es que ni el presidente ni la clase política atienden la dimensión económica del problema", sostiene el consultor de la firma Sequoia Political Advisory.
"Una de las necesidades más urgentes en Perú es la inversión en infraestructura. El sector de la infraestructura está muy golpeado por el Lava Jato brasileño y el Lava Jato local, que es el llamado Club de la Construcción", afirma el consultor.
El Club de la Construcción es un grupo de empresas extranjeras y locales, ligadas a Odebrecht, que entre 2011 y 2014 pagaron sobornos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones peruano (MTC) a cambio de la concesión de obras.
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Para Rojas, es prioritario para la reactivación económica la inversión de obras de gran envergadura en un gobierno que, percibe él, está actualmente dedicado a obras pequeñas de inversión pública.
"En Perú existen dos megaproyectos emblemáticos que no han podido avanzar más porque los integrantes peruanos de los consorcios se han tenido que retirar por ser parte del Club de la Construcción", sostiene el consultor.
Los casos graves de corrupción están recibiendo buena atención de parte del gobierno, con el presidente, Martín Vizcarra, gozando de niveles de aprobación ciudadana por encima del 60%.
Para el consultor, sin embargo, mal haría Vizcarra en creer que esa aprobación se sostiene sobre su gestión económica cuando, considera, que se sostiene por haberse enfrentado a una bancada "totalitaria o prepotente" como la del partido opositor, Fuerza Popular (fujimorista, derecha).
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En su lucha contra sus adversarios políticos, el presidente está convocando un referendo para diciembre en el que se le va a consultar a la ciudadanía si aprueba cuatro reformas a la Constitución que buscan combatir la corrupción y afianzar la institucionalidad.
Si bien el gobierno hace bien al sacar a los funcionarios corruptos, las recientes crisis políticas, que han tenido su pico en la encarcelación preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por sus vínculos con Odebrecht; pueden ser un "arma de doble filo".
"Este clima de inestabilidad política hace que se sospeche de todos (…) y alimenta un ánimo revanchista en el país contra todo aquel que ejerza función pública. Creo que hay que parar con eso porque no se va a poder hacer mucho si no se les da seguridad y protección a los funcionarios públicos. El Perú ya tiene una administración poco competente y que ahora va con miedo a ejercer", advierte Rojas.
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Detener el show mediático que ha tenido a todo un país atendiendo audiencias judiciales como si fueran partidos de fútbol parece un buen comienzo para mirar a la dimensión financiera de los problemas graves que afronta Perú.