"Leímos la decisión por parte de la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación del Gobierno", dijo Whitaker a periodistas, según la emisora local RCN Radio.
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.
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Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, Santrich no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".
De acuerdo con Whitaker, EEUU actuará conforme con el tratado de extradición vigente con Colombia.
"Se pide al Estado demandante que se muestre la causa probable, cosa que ya hemos hecho", dijo el diplomático, quien agregó que esta es la primera vez que ocurre esa situación con Colombia y subrayó que su país se ajustará al tratado de extradición.
En tal sentido, es muy probable que EEUU no entregue las pruebas que pide la JEP contra Santrich.
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La semana pasada la Procuraduría de Colombia consideró que la JEP no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
