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Comisión de ONU pide a China rendir cuentas por violaciones a los DDHH en Suramérica

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El 6 de noviembre China será evaluada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento de sus obligaciones sobre derechos humanos en el marco de una serie de proyectos mineros, petroleros y gasíferos que han afectado la vida de comunidades indígenas de varios países de América del Sur.

"Las empresas chinas no quieren dialogar con nadie, ni con las organizaciones, ni con los defensores, ni con los organismos ambientalistas (…) Nosotros tenemos que unirnos para defender la vida, porque es nuestra vida; si destruyen la naturaleza, la cuenca amazónica, están destruyendo nuestra casa", expresó en un comunicado al que accedió Sputnik el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal.

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La agrupación, que nuclea organizaciones nacionales de los nueve países amazónicos de Suramérica, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en el que denuncia supuestas violaciones a los derechos humanos de parte de China contra las comunidades indígenas.

Así, este martes China será evaluada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU junto a otros 13 estados miembros del organismo.

La Coica presentará a los países que evaluarán a China una serie de temas sobre los que consultar al Estado asiático respecto a qué medidas está tomando para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan la cuenca amazónica.

También se le consultará a ese país sobre qué mecanismos han puesto en marcha ante la constatación de una violación de los derechos humanos de pueblos indígenas por parte de agentes bajo su dirección.

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Asimismo, se preguntará a China qué medidas se han adoptado para promover sistemas de transparencia, anticorrupción y de derecho al acceso a la información en los proyectos ejecutados por empresas locales.

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"China debe hacerse cargo de las afectaciones que provocan sus inversiones en América Latina", expresó el integrante de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de Perú, Diego Saavedra.

La Asociación DAR integra la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, que participó junto a la Coica en la redacción del documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Al ser miembro de Naciones Unidas (el Estado chino) está obligado por tratados internacionales a cumplir el Principio de Extraterritorialidad y respetar los derechos humanos en el plano global, lo que no está ocurriendo actualmente, como se evidencia en los casos señalados en perjuicio de poblaciones que ven afectados sus derechos", añadió Saavedra, según el comunicado.

Algunos de los casos que revisará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son el del Lote 58, en la selva de Cusco, en Perú, un proyecto de extracción y procesamiento gasífero en el que se han realizado perforaciones sin un proceso de consulta previa a las comunidades indígenas que habitan la zona.

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También el caso del bloque petrolero El Nogal, el más grande de la amazonia colombiana, en el que hay "graves vacíos ambientales", como el desconocimiento tanto de aguas subterráneas y humedales, como de la presencia de comunidades indígenas en la zona, precisa el texto.

Otro caso es el del proyecto Cóndor Mirador, en Ecuador, donde empresas estatales chinas están realizando tareas de explotación minera a gran escala para la extracción de cobre, lo que ha derivado en desalojos forzosos de los residentes de la región.

También en esa zona se produjo la muerte de tres líderes indígenas que se oponían al proyecto: Bosco Wisum, asesinado en 2009, Freddy Taish, asesinado en 2013, y José Tendetza, hallado muerto el 3 de diciembre de 2014.

La Coalición Regional por la Transparencia y la Participación está conformada por las organizaciones Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú); la Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia); el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Bolivia), y Conectas Direitos Humanos (Brasil).

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