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Construcción de fiscalía autónoma "está en riesgo", denuncian líderes civiles en México

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El proyecto de ley orgánica para crear una nueva fiscalía autónoma e independiente que se presentará al Senado, no es el resultado del trabajo entre sociedad civil y el equipo de transición del futuro mandatario Andrés Manuel López Obrador denunciaron cientos de organizaciones y expertos.

Legisladores de la coalición con mayoría en ambas cámaras del Congreso "han informado que esta semana se iniciará el proceso para el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, distinto al proyecto trabajado y presentado hace dos meses", lamentan los colectivos "Fiscalía que sirva" y "Vamos por mas".

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Esos dos colectivos junto con expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica, que suman unos 300 participantes, acordaron el 10 de septiembre con la próxima titular federal de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el coordinador en el Senado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), Ricardo Monreal, un documento resultado de negociaciones en 15 mesas de trabajo.

Las organizaciones advierten que, de aprobarse el proyecto de dictamen que ha trascendido, "implicaría serios retrocesos con respecto al modelo de Fiscalía que se construyó previamente", que ponía en el centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad.

La iniciativa que estaría por aprobarse en el Senado, presenta, al menos, ocho problemas, en una lista encabezada por el señalamiento de que "no garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficiencia y malas prácticas de la actual Procuraduría General de la República", que sería reemplazada por una fiscalía autónoma.

Las objeciones al proyecto

Las organizaciones señalan, en segundo lugar, que esa fiscalía, que buscan que sea independiente del presidente y poderes fácticos, "no garantiza la independencia de los fiscales" para investigar delitos.

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El tercer desacuerdo es sobre la postergación del plazo previsto para que el nuevo Fiscal General de la República desarrolle el proceso de consulta ciudadana "orientada a promover cambios estructurales" en la procuración de justicia.

Asimismo, señalan en cuarto lugar que reduce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas que viven en el extranjero.

La quinta objeción es que "no brinda garantías suficientes para que la Fiscalía General de la República cuente con el presupuesto necesario" para poder reducir los niveles de impunidad en el país.

También observan que el proyecto de ley que han conocido, duplica las funciones de investigación.

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Esta duplicación ocurre "al otorgarle a la Coordinación General funciones que son propias de la Coordinación de Investigación y de Persecución Penal, generando así estructuras que tornarán ineficiente el funcionamiento" de la Fiscalía General, indicaron.

El séptimo descuerdo concierne a que "limita la transparencia y auditoría social" sobre el funcionamiento y cumplimiento de metas.

Y finalmente, "desnaturaliza el Plan de Persecución Penal, al suprimir su categoría de instrumento público eficaz para la rendición de cuentas" de la propia Fiscalía, que contendría las prioridades y metas judiciales, dice la octava objeción.

Las organizaciones pidieron a legisladores del partido de López Obrador e integrantes del nuevo Gobierno, que el proceso de aprobación siga el formato de "Parlamento abierto", para tratar una carta con la lista de desacuerdos entregada tanto a líderes de bancada como al equipo de transición.

La construcción de una Fiscalía que sea "verdaderamente independiente" de todo poder político y económico, ha sido un trabajo colectivo en el que se han escuchado todas las voces, puntualizaron.

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