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España acumula una media de 80 multas diarias contra la libertad de expresión

© REUTERS / Sergio PerezUna protesta donde exigen la libertad de expresión (imagen referencial)
Una protesta donde exigen la libertad de expresión (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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MADRID (Sputnik) — España acumula una media de 80 multas contra la libertad de expresión de manera diaria desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) —comúnmente llamada ley mordaza—, según reflejan datos ofrecidos por Amnistía Internacional (AI).

"Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se han impuesto una media de 80 multas diarias en aplicación de solo los dos artículos con más impacto de esta ley, lo que podría equivaler a casi 25 millones de euros", reza un comunicado emitido por AI, que recoge datos oficiales del Ministerio del Interior.

Los dos artículos a los que hace referencia el comunicado son aquellos que contemplan multas cuando se producen "faltas de respeto o consideración" hacia miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuando un individuo incurre en "desobediencia o resistencia a la autoridad" en situaciones no constitutivas de delito.

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Pese a que estos dos últimos aspectos son los que acumulan la mayor cantidad de sanciones —67.446 desde su entrada en vigor—, Amnistía Internacional reiteró este lunes su preocupación por el hecho de que la ley mordaza también castigue la organización de manifestaciones sin notificación previa o la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad en determinadas circunstancias.

Por ello, Amnistía Internacional insta al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "cumplir sus promesas" y derogar diversos artículos de la ley mordaza que "limitan de forma desproporcionada el ejercicio de los derechos humanos".

"Tres años después, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley", aseguró Esteban Beltrán, director de AI en España.

A su modo de ver, tres años después de su entrada en vigor, la nueva legislación "empeoró el ejercicio de los derechos de reunión pacífica", así como los de "expresión e información".

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Además, Beltrán denuncia que la ley se usó "contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social" y que la falta de mecanismos de control sobre su aplicación aumentó la arbitrariedad de las actuaciones policiales.

En consecuencia, Amnistía considera que además de derogar diversos artículos de la ley mordaza, España debería "incorporar un mecanismo independiente de investigación" para supervisar la actuación policial y evitar abusos.

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