"Hoy [el 2 de noviembre] algunos compañeros del Copinh se agruparon para hacer un altar por el día de muertos porque aquí los 2 de noviembre se recuerda a las personas fallecidas, eran pocas personas y la policía les pidió que se fueran, y como no se fueron como estaban en la vía publica los empezaron a reprimir", dijeron fuentes del Copinh a esta agencia.
Días antes de ser asesinada, la activista realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
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El Copinh dijo a Sputnik que la Policía los reprimió con bombas lacrimógenas hasta expulsarlos del lugar y que no hubo heridos.
"Es la dinámica de siempre, estar hostigando a la gente que va a las audiencias, igual que ayer [el 1 de noviembre] no nos dejaron entrar, a la gente que la Policía sabe que es del Copinh, indígenas o con camisetas con algún logo, les cierran las puertas y ya no nos dejan entrar", señalaron las fuentes.
Además, aseguran que esta situación empeoró desde que tampoco permiten entrar a los abogados que representan a las víctimas, dado que antes "ellos intercedían un poco, pero luego de que los expulsaron no van al tribunal y no pueden interceder".
La familia de Cáceres denunció que Guardias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras les negó el acceso a la sala donde se desarrolla el juicio contra imputados por el asesinato de la activista.
La familia de la activista y el Copinh han denunciado reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal que lleva adelante el caso y al que consideran falto de imparcialidad.
