La ANC tacha en un comunicado de "farsa" y "proceso político propio de regímenes autoritarios" la investigación judicial contra los dirigentes independentistas que evidencia "la no independencia del poder judicial y su implicación en una acción de Estado antidemocrática contra la libre expresión de la disidencia política."
"En la acción de la Fiscalía, que depende del Gobierno del Estado español, se evidencia que no ha habido ningún cambio de actitud y se sigue impulsando una operación de persecución política del independentismo, que siempre ha actuado políticamente por vías democráticas y no violentas", afirma el comunicado.
"También denunciamos ante la comunidad internacional y, en especial, ante los pueblos de Europa, la vulneración por parte del Estado español de los derechos humanos de los presos políticos procesados en esta causa en el conjunto de procesos abiertos contra la ciudadanía que vulneran los derechos fundamentales que garantizan las libertades y la libre acción política, la soberanía del Parlamento [catalán] y la acción de los diputados y las diputadas en virtud del mandato que la ciudadanía les otorgó en ser elegidos", explica la entidad presidida por Elisenda Paluzie.
Para la ANC, "solo conseguiremos la libertad de los presos políticos, las personas procesadas y exiliadas, y establecer un Estado de derecho donde se garanticen las libertades y derechos fundamentales, construyendo la República catalana".
El comunicado de la ANC concluye reclamando "un proceso definitivo" para decir "alto y claro" a "España, a Europa y al mundo que el pueblo de Cataluña no acepta ni aceptará más esta humillación y sometimiento" y que "necesitamos de toda su fuerza y determinación para acompañarnos en la movilización constante para la implementación efectiva de nuestra independencia."
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Las peticiones de acusación incluyen penas de prisión, inhabilitación y multas, que también se solicitan para varios miembros de la mesa del Parlamento y para la exdiputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Mireia Boya.