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Diputado comunista: Parte de la derecha uruguaya aplaude los procesos totalitarios

© REUTERS / Paulo WhitakerLas banderas de Brasil y camisetas con la imagen del candidato presidencial, Jair Bolsonaro
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MONTEVIDEO (Sputnik) — Buena parte de los partidos políticos de derecha en Uruguay no ve con malos ojos los procesos antidemocráticos y la prueba de ello han sido las reacciones ante el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, dijo a Sputnik el diputado Gerardo Núñez.

"Capaz que algún sector de los partidos tradicionales sí tiene convicciones democráticas, pero en general me da la impresión de que aplauden los procesos antidemocráticos, totalitarios", expresó el legislador del Partido Comunista, agrupación que integra la coalición gobernante Frente Amplio.

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En Uruguay se conoce como "tradicionales" a los partidos Nacional y Colorado, cada uno con más de 150 años de existencia.

Según Núñez, si bien "está muy fresco" lo acontecido en Brasil con la victoria de Bolsonaro, la actitud de varios dirigentes políticos de los partidos de derecha en Uruguay, que saludaron el resultado electoral y al candidato de ultraderecha, revela afinidades con ciertas posturas reñidas con los valores de la democracia.

"Ahí te das cuenta cómo se van posicionando la mayoría de los sectores de derecha, que lo ven como una cuestión de entre izquierda y derecha y pierden como centro de referencia los aspectos democráticos y la libertad", reflexionó el legislador.

Espionaje militar en democracia

Entre diciembre de 2016 y agosto de 2018, Núñez presidió la "Comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha", que investigó acciones de espionaje ilegal tras el retorno a la democracia, luego de 12 años de Gobierno militar (1973-1985).

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La comisión se creó para analizar el contenido de un voluminoso material de inteligencia encontrado en 2006 en dependencias oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Uruguay.

El llamado "archivo Berrutti", en referencia a la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, está compuesto por 1.144 rollos de microfilms con unas 2.500 imágenes cada uno, lo que supone unas tres millones de copias con información de inteligencia de 1985 a 2003.

En base al trabajo de la comisión, Núñez publicó el libro "Espías de la democracia. La red de la impunidad" (Fin de Siglo Editorial).

Para el diputado del Partido Comunista, la investigación reveló que en Uruguay existe una "cultura de la impunidad" que permea a todos los partidos políticos del país sudamericano, incluido el Frente Amplio, en el Gobierno desde 2005.

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"Si uno analiza la política vinculada al Ministerio de Defensa y al de Interior, vemos, sobre todo en el primer Gobierno del Frente Amplio (2005-2010), que se intentaron hacer muchas reformas, muchas transformaciones; algunas de ellas se llevaron adelante, pero después algunas perspectivas de mayores avances se vieron frenadas por la propia gravitación de sectores conservadores de las Fuerzas Armadas en las fuerzas políticas, pero también por una lógica más general, que viene a ser la cultura de la impunidad, que está presente en la sociedad y que obviamente permea los distintos partidos políticos", explicó Núñez.

Para el diputado, esta cultura de la impunidad está más presente en los partidos tradicionales, pero reconoce que "el Frente Amplio ha tenido actores que han jugado en un sentido contrario al establecimiento de la verdad y la justicia, del esclarecimiento de lo que pasó en el pasado reciente, de tomar una actitud firme contra la impunidad".

Continuidad

La información contenida en el "archivo Berrutti" permitió establecer una continuidad entre el trabajo de espionaje realizado por la dictadura militar y el que llevaron adelante, ya en democracia, los servicios de inteligencia de los ministerios de Interior y de Defensa, para investigar y controlar a los sindicatos y a las distintas agrupaciones de izquierda, entre otros objetivos.

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Varios de los militares que integraron los servicios de inteligencia de la dictadura fueron designados en dependencias de Interior y Defensa una vez recuperada la democracia.

Según Núñez, esta continuidad se explica por la necesidad compartida entre los partidos de derecha que gobernaron Uruguay entre 1985 y 2005 y algunos sectores de las FFAA de sostener un determinado modelo social y económico.

"Es parte de un pacto entre civiles, militares y policías, que se repartieron las atribuciones y que además pelean por un mismo objetivo político de sociedad. El modelo que se tenía que desarrollar, profundizar y fortalecer en la década de 1990, que era el neoliberalismo, era funcional al sistema político gobernante pero también a los militares, que habían sido los que habían iniciado ese modelo en dictadura. Y al mismo tiempo ese modelo necesitaba la impunidad, de no juzgamiento de los violadores de los derechos humanos", sostiene el diputado.

La figura que posibilitó este pacto fue el dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), a quien en su libro el legislador define como el "padre de la impunidad".

"Él siempre fue un negador de todo lo que había pasado en dictadura", incluso "niega que hubieran niños y personas desparecidas", recordó el diputado.

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Convocado por la comisión, el exmandatario también negó que existiera espionaje ilegal durante sus gobiernos, "pero fue tanto lo que le planteamos que no le quedó otra" que reconocer que se realizaron tareas de inteligencia contra sindicatos y partidos de izquierda, dice Núñez.

"Parece poco serio que un volumen tan importante de acciones de inteligencia se den sin el conocimiento de los gobiernos de la época", afirma el legislador.

En diciembre de 1986, a instancias de Sanguinetti, el parlamento uruguayo aprobó la Ley de Pretensión Punitiva del Estado, para evitar que los militares fueran juzgados por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En 1989 y en 2009 se realizaron dos consultas populares para anular la ley, pero no obtuvieron los votos suficientes.

En 2010, el Ejecutivo presentó un proyecto interpretativo de la ley, pero tras ser aprobada en el Senado fue rechazado al año siguiente en la Cámara de Diputados.

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