"Existen abundantes medios de prueba que sí permiten colegir que (el campesino asesinado, Gerardo Contreras Román) era integrante de la población y que se dedicaba a las labores de la campo", señala la sentencia proferida contra los cinco militares por parte de un juez de la ciudad de Bucaramanga (Santander, nordeste).
Según la sentencia, a lo largo del proceso no fue posible concluir que el campesino tuviera relación alguna con la entonces guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda), tal como se quiso presentar por parte de los militares.
En el marco de esa operación, los militares arribaron a la casa de la víctima en la madrugada de ese 17 de mayo y lo sacaron de allí, luego de lo cual los familiares de Contreras Román lo encontraron muerto con varios impactos de bala.
Los militares condenados son el sargento Jorge Arley Sánchez Rojas, quien deberá pasar 35 años y 10 meses de prisión, así como los soldados Abimael López Gómez, Wilson Javier Plata, René Alberto Prada y Jesús Rincón, quienes fueron sentenciados a 34 años y 4 meses de cárcel.
Entre 2002 y 2008, brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
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Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, aunque las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos y, por el contrario, han ascendido a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
