Vicecancilleres responsables de temas consulares y migratorios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron "con el fin de abordar el estado que guardan los flujos migratorios recientes de ciudadanos centroamericanos, intercambiar perspectivas sobre el tema y acordar un curso de acción conjunto e inmediato", informaron en un comunicado conjunto.
Los cancilleres analizaron al menos tres caravanas más o menos definidas. La primera, de más de cinco mil personas, cruzó el viernes 19 de octubre la frontera sur mexicana, entre conatos de violencia, tras partir una semana antes del norte de Honduras, un día después de una conferencia de dos días sobre seguridad y prosperidad celebrada en Washington, convocada por México y EEUU.
Esa migración masiva y organizada "requiere de una atención especial por parte de los gobiernos para garantizar el respeto de sus derechos humanos, proveer asistencia humanitaria, al tiempo de mantener una migración segura, ordenada y regular, con apego a las leyes migratorias de cada país", acordaron los cuatro gobiernos.
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Una segunda caravana de unas dos mil personas cruzó el domingo pasado el río Suchiate que sirve de frontera natural de México con Guatemala, tras enfrentamientos a pedradas con fuerzas antimotines que lanzaron gases lacrimógenos, donde un joven hondureño murió por una bala de goma, según defensores de los derechos de migrantes; mientras que un tercer contingente de casi medio millar de salvadoreños partió hace dos días de Sonsonate, departamento del occidente de El Salvador.
Plan de acción multilateral
Los cuatro países además acordaron "profundizar y agilizar el intercambio de información relevante", para atender las peculiaridades del flujo migratorio inédito.
Los responsables diplomáticos revisaron las medidas para la atención de los ciudadanos centroamericanos en cada país y evaluaron las políticas migratorias vigentes.
En particular examinaron los recursos que México ha puesto a disposición de las poblaciones migrantes, para ofrecer el reconocimiento de la condición de refugiado, así como el plan "Estás en tu casa", que otorga visas de trabajo y empleo temporal, pero restringido a los sureños estados de Oaxaca y Chiapas, los más empobrecidos del país.
Ese plan es parte de las acciones de emergencia del Estado mexicano para casos de desastres naturales, como terremotos y huracanes, que se ha puesto por primera vez al servicio de los migrantes que buscan llegar a la frontera norte mexicana con EEUU.
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Desde esa ciudad costera, algunos centenares intentan avanzar desde las costas del Pacífico a la rutas del Golfo de México, hacia el noreste, en un intento por cruzar a EEUU por el estado de Texas, en vez de los estados de Nuevo México, Arizona o California, en el noroeste.
En cuanto a los organismos internacionales que desde el inicio del fenómeno migratorio han acompañado a México, destacaron el papel que a solicitud del gobierno mexicano juega en la crisis el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el procesamiento de solicitudes de asilo que hasta la fecha las autoridades mexicanas han otorgado a casi un millar de personas.
Los cuatro países reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y en comunicación estrecha sobre la evolución del fenómeno migratorio regional, a través de mecanismos multinacionales como el Grupo de Concertación de Consulados del Triángulo Norte de Centroamérica y México en Estados Unidos (Tricamex).
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El Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto reafirmó su compromiso de atender las causas estructurales de la migración, a través de acciones que promuevan el desarrollo económico y social en la región, posición que comparte con EEUU y el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre esas acciones, mencionó los programas de "facilitación comercial, integración energética, infraestructura (Fondo de Yucatán) y educción de la desnutrición (Mesoamérica Sin Hambre)", entre otros.
Las delegaciones de los cuatro países compartieron información sobre las acciones de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos de los migrantes, y los gobiernos provinciales y municipales.
