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Por qué las elecciones de Brasil pueden tener un efecto mundial en el medio ambiente

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En las elecciones de Brasil se ha hablado mucho sobre seguridad, corrupción, religión, violencia y noticias falsas. El medioambiente y el rol mundial del gigante suramericano para proteger la naturaleza, sin embargo, pasaron desapercibidos. El panorama que se avizora no es demasiado prometedor.

Brasil es el quinto país del mundo por superficie. Dentro de esa inmensidad alberga la mayor extensión de bosques tropicales en el planeta y las reservas más importantes de agua dulce.

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La discusión sobre cómo proteger estos recursos vitales para el planeta, sin embargo, fue marginal en esta campaña electoral atípica, caracterizada por una fuerte polarización política, violencia y un cambio profundo en el sistema de partidos.

En los programas de los candidatos que participaron del primer turno, hay menciones a "la conservación, el combate a la deforestación, la inversión en energías limpias o la agricultura sustentable", explicó a Sputnik Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una coalición de organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de asuntos medioambientales.

"Pero poco se mencionó en los debates o en los discursos de los candidatos en el día a día de la campaña. Cuando fue mencionado, fue solamente por uno de los candidatos, que lo hizo de una forma negativa", agregó el experto.

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En concreto, el tema adquirió más notoriedad por diversas declaraciones del ultraconservador Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL). El capitán retirado no habló de propuestas para proteger el medioambiente, sino de "cómo se va a reducir la protección y la fiscalización", dijo Rittl.

Bolsonaro calificó al Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama) como una "industria de multas". También propuso la eliminación del ministerio de Medioambiente y la transferencia de las competencias a la cartera de Agricultura, además del retiro de Brasil del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, un consenso internacional para mitigar el impacto del cambio climático y mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2ºC.

"El medioambiente, cuando apareció en estas elecciones, apareció amenazado", resumió el director del OC.

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"La Amazonia no es nuestra", dijo Bolsonaro en una entrevista con el diario El País.

La intencionalidad de estas palabras no era un resaltar la universalidad del bosque tropical más grande del mundo, sino la posibilidad de abrir las puertas para explotar las riquezas de esa región junto con otros socios.

Ya durante la campaña, el OC detectó un aumento de la deforestación en la Amazonia, que podría haber sido impulsado por la acción de los ruralistas. Este sector, que ve con buenos ojos la ocupación de la selva y su destino a ganadería y agricultura, ha dado su apoyo explícito a Bolsonaro.

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La transferencia de las políticas medioambientales a la órbita del ministerio de Ganadería preocupa al OC y otras organizaciones de la sociedad civil, pues los intereses de los productores podrían perjudicar la conservación de ese bosque.

Si Bolsonaro fuera electo, a la luz de las promesas de la campaña de reducir la fiscalización y otras declaraciones de asesores, "podría haber un avance drástico de la deforestación", no solo en la Amazonia, sino también en el Cerrado brasileño, otro importante bioma en el centro del país.

Según las cifras disponibles para 2017, apenas en la Amazonia se perdió una superficie de 6.947 kilómetros cuadrados. Esta cifra implica una reducción en el orden del 75% del área derribada en 2004, año en el que el Gobierno federal implementó un Plan de Prevención y Control de la Deforestación.

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Desde esa fecha, el número de hectáreas derribadas cayó sustancialmente, hasta 2012, cuando el Gobierno de Dilma Rousseff realizó cambios en el código forestal que permitieron un avance de las áreas ganaderas sobre la selva, aunque lejos de la situación de 2004, cuando se registraron más de 25.000 kilómetros cuadrados de bosque talado.

La concreción de las promesas de Bolsonaro podría llevar de regreso —o incluso empeorar— la situación y tener un efecto en "las emisiones de gas de efecto invernadero".

Los derechos indígenas, en jaque

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"Junto con eso, hay algo muy preocupante, que es la violencia contra los pueblos indígenas y las comunidades del Amazonas, y contra la agricultura familiar", aseveró Rittl.

Según el especialista, hay una "contradicción" entre el discurso de "combate al crimen en las ciudades con la permisión del crimen" y la reducción de las fiscalizaciones medioambientales.

"Eso indica al criminal ambiental que puede hacer y que Brasilia no se va a preocupar, va a flexibilizar de más su fiscalización y el control de lo que pasa en el campo", precisó el secretario ejecutivo del OC. Como consecuencia, los niveles de violencia a las colectividades locales aumenta.

Brasil es uno de los países que ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  que establece "el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan".

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De acuerdo con Fernando Campos Costa, presidente de la sección brasileña de la organización internacional Friends of Earth (Amigos de la Tierra), la transferencia de las políticas de Medioambiente al Ministerio de Ganadería, así como la liberalización de las licencias de explotación, violarían este convenio.

"Muchas veces las actividades son direccionadas como un modo de excluir las comunidades del territorio. Sucede con el agronegocio, con la minería, con las represas y otras obras de infraestructura", opinó Campos Costa.

"Cada vez más se muestra una intencionalidad conjunta, que tiene el objetivo de explotar el medioambiente sin tener cuidado en las comunidades", agregó el referente de Amigos de la Tierra.

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En América Latina, Brasil fue uno de los países que más defendió el Acuerdo de París de 2015 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este apoyo podría verse eliminado, a decir por los discursos de campaña de Bolsonaro.

El capitán retirado evaluó la posibilidad quitar al país del tratado por considerarlo una afrenta a la soberanía del país, mientras que uno de sus asesores vinculado al ruralismo lo definió como "un pedazo de papel higiénico".

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Carlos Rittl señaló que Brasil, Argentina y Uruguay han convergido en la región en materia ambiental y tienen "posiciones muy próximas" respecto a los diferentes mecanismos del Acuerdo de París. Un cambio en la postura del gigante suramericano podría conllevar efectos negativos en el comercio, ya sea en bloque o de Brasil por sí solo.

"El Mercosur tiene intención de suscribir un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), y para la Unión el Acuerdo de París es extremadamente importante. Varios países de la UE, además, son socios de Brasil en la conservación del medioambiente", comentó el director del OC.

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La inobservancia de Brasil del acuerdo puede volverse en su contra, pues al intentar negociar "un acuerdo comercial con ventajas", las naciones europeas podrían no otorgar concesiones. Del mismo modo, las empresas que compran carne, soja y otros commodities brasileños podrían tener "un impacto en su reputación" si proviene de un sitio "con aumento de emisiones, deforestación, violencia en el campo y falta de respeto a los indígenas".

"Muy probablemente van a terminar disminuyendo el comercio con Brasil y van a priorizar las relaciones comerciales con los que puedan asegurar que respetan el medioambiente y no aumentan las emisiones", aseguró.

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"Durante mucho tiempo Brasil tuvo una reducción de la deforestación de la Amazonia y demostró que era posible disminuir emisiones en un país en desarrollo. Saldría de un papel de referencia positiva para uno de referencia negativa", agregó.

Las amenazas a la sociedad civil

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Otra de las promesas más controvertidas de Bolsonaro fue "poner fin al activismo". Miles de organizaciones no gubernamentales suscribieron un manifiesto en protesta a esta promesa, que tildan de antidemocrática.

Rittl recordó el papel de la sociedad civil "en la fiscalización del Estado y de los mandos públicos", así como en "el control del papel constitucional del Gobierno y del cumplimiento de la ley".

"Callar a todos los activistas de diversos temas —derechos humanos, medioambiente, pueblos indígenas, negros, mujeres— simplemente para implementar lo que se piensa sería desastroso", consideró.

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En el caso del medioambiente, las organizaciones buscan que "el país tenga un equilibrio entre economía y protección del medioambiente", para "mejorar la calidad del desarrollo" y evitar un daño a la imagen del país. A lo largo de los años, y con administraciones de distinto signo político, han llevado adelante este rol.

"En otros Gobiernos hubo muchos momentos en los que procesos negativos fueron objeto de muchas críticas, desde Avança Brasil [un ambicioso programa que buscaba construir infraestructuras en la Amazonia] de Fernando Henrique Cardoso a la reducción y los cambios de la protección de los bosques que se llevaron en el Gobierno Dilma [Rousseff]".

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En la misma línea es la visión de Fernando Campos Costa, de Amigos de la Tierra, quien considera que en el caso de Bolsonaro el debate va más allá de la divergencia en materia medioambiental y se radica en la defensa de la democracia.

"Hubo proyectos que generaron mucha oposición, muchos cuestionamientos. Algunos fueron evitados. Si no logramos detenerlos, conseguimos modificarlos", indicó.

"Creo que en un posible Gobierno [de Bolsonaro] implicaría una dificultad muy importante para ser oposición, por la criminalización del activismo y la limitación a que la ciudadanía pueda manifestarse sobre lo que piensa en relación al Gobierno y las empresas", concluyó.

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