Según el periódico más antiguo del país, el Berlingske, el proyecto de ley está destinado a "fortalecer los esfuerzos contra las influencias ilegales de los servicios de inteligencia extranjeros" y prevé una pena máxima de 12 años si el delito se comete durante una campaña electoral. El medio enumera varios casos en los que podría aplicarse el castigo: interferencia en el debate público o intento de influir en la toma de decisiones.
Flemming Rose, investigador principal del Instituto Cato y miembro de la Comisión de Libertad de Expresión del Gobierno danés, apunta a que como está redactado el proyecto de ley, se podría castigar, por ejemplo, a todo el que se exprese públicamente contrario a las sanciones contra Rusia. También podría ser castigable cualquier opinión a favor del proyecto energético ruso-alemán Nord Stream 2.
"Bajo esta posible ley caerían diferentes situaciones, por ejemplo, cuando un agente de la inteligencia de otro país dice que hay que cambiar un bombillo quemado en el baño de uno u otro lugar y el director danés de la institución sigue su consejo", considera Rose.
En palabras del analista, este proyecto de ley puede considerarse como un intento de intimidación contra la sociedad danesa. Está dirigido contra el derecho legítimo de los ciudadanos de expresar sus opiniones abiertamente, que ahora podrían ser consideradas como propaganda externa.
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Esto ocurre en un momento en el que Rusia se enfrenta a una serie de acusaciones por parte de los países occidentales, que afirman que Moscú hackeó las agencias de dopaje y otras organizaciones internacionales en un intento de influir en la opinión pública. Rusia ha rechazado con vehemencia las acusaciones y las ha calificado de "manía de espionaje".
