"Nosotros estamos dispuestos a unirnos a cualquier recurso de nulidad que se interponga ante ese fallo, ya que se trata de una vulneración de derechos de los territorios y haremos lo que sea necesario en contra de la acción tomada por la Corte", dijo a Sputnik Luis Ortiz, promotor de la consulta popular en el municipio de Arbeláez (Cundinamarca, centro) ante este tipo de actividades.
El 11 de octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto las consultas populares en contra de proyectos extractivos minero-energéticos que planean desarrollar en el país varias multinacionales, luego de que determinó que "el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la Nación".
En otras palabras, lleva a que los habitantes busquen concertar con las multinacionales e incluso con el mismo Gobierno central las decisiones sobre el uso del suelo, con lo cual les resta autonomía a los territorios.
El pronunciamiento se hizo al resolver una acción de tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada (de capitales de los gobierno de China e India) contra una consulta popular que se realizó en 2017 en el municipio de Cumaral (Meta, centro) y con la cual la ciudadanía bloqueó el desarrollo de un proyecto de extracción petrolífera que pretendía adelantar allí la multinacional.
Temores por el futuro
Según la Asociación Colombiana de Minería, a la fecha se han realizado nueve consultas populares y se preveía desarrollar 158 iniciativas más de ese tipo en contra de la industria extractiva.
Aunque el fallo señala que la decisión no es retroactiva, es decir, que no cubre a las poblaciones en las que ya se llevaron a cabo acciones populares por medio de las cuales se prohibió la industria extractiva, existen temores de que las multinacionales recurran a medidas legales para revertir esas resoluciones.
"La comunidad de Arbeláez teme que la petrolera ante la cual se impuso el 'no' en la consulta popular de hace más de un año pueda recurrir a una acción y así lograr revertir lo que ya se dijo por mandato popular", señaló Ortiz.
Por su parte, Mónica Flórez, promotora de una consulta popular en Pijao (centro-oeste) que de manera preventiva frenó la industria extractiva en ese territorio, señaló ante Sputnik que el fallo sienta un mal precedente y que resulta contradictorio frente a lo que la propia Corte Constitucional había decidido en 2014 al permitir a los territorios decidir sobre el subsuelo.
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Sin embargo, Flórez resaltó que aún no se conoce el fallo en su totalidad y que hace falta estudiarlo en profundidad para interpretar su sentido, por lo que evitó pronunciarse más sobre el tema.
Más temprano, en diálogo con la emisora local RCN Radio, Carlos Andrés Santiago, vocero de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec),anunció que varios colectivos sociales del país preparan un recurso de nulidad para ser presentado una vez conozcan por completo el fallo.
Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Minas consideró este viernes que la sentencia del alto tribunal "es una señal importante para la seguridad jurídica del sector y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana", y confió en que la decisión "permita incentivar la inversión y reactivar el desarrollo social y económico" en el país.
Sin embargo, también señaló que en este propósito aspira contar con la participación de las comunidades para desarrollar territorios sostenibles y proteger el medio ambiente.
