"Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores", señala la denuncia.
El fiscal pidió que de forma "urgente" se suspendan los aumentos decretados por el Ejecutivo de Mauricio Macri a través de una resolución de la Secretaría de Energía publicada el 5 de octubre.
La denuncia contra el secretario de Energía Iguacel es por supuestos delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
"Corresponde mencionar que una vez más que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes [empresa distribuidora y usuario]", añadió.
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El fiscal pidió que se llame a declarar a los funcionarios que intervinieron en la resolución, entre ellos los que trabajan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dado que a partir de la aplicación de la norma "se estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de compensar a las empresas prestatarias", indicó el fiscal.
La denuncia recayó en el juzgado federal de María Servini de Cubría.
24 cuotas retroactivas
La resolución de la Secretaría que conduce Iguacel traslada a los usuarios de gas un recargo en la tarifa a partir de enero 2019 y en 24 cuotas, debido la depreciación del peso que tuvo lugar entre finales de abril y hasta septiembre.
Para el Gobierno, los consumidores deben hacerse cargo de la depreciación del peso argentino que llevó a que las distribuidoras del gas tuvieran que pagar el combustible con un dólar más caro.
Esta medida se incorpora al aumento de entre el 30 y el 35% que comenzó a regir desde el 1 de este mes.
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El peso argentino comenzó a depreciarse frente al dólar de manera abrupta y casi continuada desde fines de abril.
Hoy [el 8 de octubre] la divisa estadounidense se cotiza a 38,6 pesos argentinos para la venta.
Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar la política tarifaria y ajustar los precios de los servicios públicos a los valores del mercado para reducir los subsidios del Estado que generaban un gran déficit fiscal.
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