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Cataluña: aniversario violento y bloqueo político

© REUTERS / Jon NazcaLos disturbios en Cataluña tras las manifestaciones del 1-O
Los disturbios en Cataluña tras las manifestaciones del 1-O - Sputnik Mundo
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Un año después, un 1-O al revés. Si el primero de octubre de 2017 las imágenes de cargas policiales dañaron internacionalmente la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy y de España, la violencia de los radicales independentistas catalanes deteriora, un año más tarde, la idea de una "revolución de las sonrisas, tranquila y familiar".

La celebración del primer aniversario del referéndum ilegal celebrado en Cataluña fue protagonizada casi en exclusiva por miembros de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) y de los Comités de Defensa de la República (CDR), los sectores más radicales del independentismo.

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Esta vez, las cargas policiales no fueron obra de la policía nacional o la Guardia Civil, sino de la policía autonómica catalana que depende del Gobierno del presidente, Quim Torra. Las imágenes que se ofrecieron al mundo desde Barcelona y otras localidades catalanas suponen un golpe brutal a la excelente comunicación que durante años han desplegado los responsables políticos y asociaciones independentistas.

Dos días antes del 1-O, Barcelona ya vivió imágenes de violencia de grupos independentistas contra una manifestación legal de policías y guardias civiles. Era el presagio de lo que vendría 48 horas después. El divorcio entre los Mossos d'Esquadra y los grupos independentistas más ultras se concretó cuando los policías catalanes intentaron frenar a los grupos independentistas que pretendían agredir —y en algún caso lo consiguieron— a manifestantes de las de las fuerzas policiales del Estado.

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Los sindicatos de la policía catalana se mostraron críticos hacia sus mandos políticos que, en lugar de aprobar su trabajo y condenar las agresiones sufridas, desmintieron que hubiera habido "cargas policiales contra los independentistas".

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El intento de asalto al Parlamento catalán por un grupo enfebrecido, para intentar instalarse allí y bloquear la cámara legislativa autonómica, fue evitado de milagro, gracias a la efectividad de cerrojos de acero y de puertas de madera resistentes, pues en ese momento las fuerzas de seguridad catalanas se encontraban en minoría frente a los manifestantes radicales.

El enojo de la policía catalana con sus jefes políticos aumentaba en paralelo al distanciamiento entre la CUP, los CDR y el gobierno de Torra. Las palabras del primer dirigente catalán, y también representante oficial del Estado español en Cataluña, alentando a los CDR a "seguir apretando", fueron interpretadas como una llamada a la violencia, que los voceros oficiales corrieron a desmentir el día después del intento del asalto al Parlament.

"Sin violencia, no hay independencia"

Los sectores más radicales del independentismo exigen a Torra y a los partidos que le apoyan que declare la independencia ya, sin pasar por negociación alguna con las instituciones españolas.

"República o dimisión", se exigió al mandatario, al que se le reprochaba también apoyar a los CDR por un lado, y enviar a los Mossos para reprimirlos, por otro. "Sin violencia no hay independencia, "se oyó también en las calles de Barcelona, cuando la radicalidad se apropió del aniversario del 1-O.

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En Cataluña, la CUP ya no parece querer seguir agitando el árbol para que Torra obtenga los frutos políticos. Un año después del referéndum ilegal, el independentismo se encuentra dividido entre los partidarios de llegar a acuerdos con Madrid, entre otras cosas, para pactar un eventual referéndum, y los que no creen en esa posibilidad y asumen que la separación con España y la proclamación de la "República Catalana" debe hacerse sin demora ni permisos.

A las divisiones sobre el método, hay que añadir las diferencias personales y políticas entre el expresidente, Carles Puigdemont, que prefirió fugarse de la Justicia, y los líderes de los partidos que forman el bloque nacionalista, estén encarcelados o en libertad.

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Además, se empiezan a deshilar los zurcidos que han mantenido hasta ahora la unión entre posiciones ideológicas tan alejadas como las de extrema izquierda de la CUP y la derecha más dura, personificada por Torra, o las de la burguesía catalana, representada por el PDCAT y, en cierta medida, por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

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Así las cosas, es difícil para los nacionalistas afirmar que la independencia está más cerca, un año después de la proclamación y renuncia de la 'República' y la consulta ilegal del 1-O. Pero ello no significa que el llamado conflicto catalán no siga ejerciendo un efecto desestabilizador en el Estado español.

La pérdida del poder del conservador Partido Popular tras la moción de confianza a Mariano Rajoy dio paso a un gobierno socialista que, con solo 84 escaños en un Parlamento de 350, puede gobernar gracias, entre otros, a los diputados independentistas catalanes del PDCAT y de ERC.

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Pedro Sánchez, que en su día apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para ejercer la tutela de la autonomía política catalana desde el gobierno central, y que en cierto momento consideró a Quim Torra como "el Le Pen español", necesita no herir a su ahora coaligado parlamentario. Y no herir significa intentar encaminar la cuestión catalana hacia "el diálogo político", según subraya el inquilino de la Moncloa.

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Es así como la situación en Cataluña sigue siendo el primer problema institucional español, y del que depende a corto o medio plazo la celebración de elecciones generales. Sánchez, cuyos portavoces hacen equilibrios de comunicación para no azuzar al nacionalismo catalán sin entregarse como rehén a sus intereses, advirtió desde Nueva York que "si el independentismo prioriza el conflicto, habrá elecciones".

El 1-O-18, Torra exige al jefe del Gobierno español "una propuesta de autodeterminación" o le retirará su apoyo en las Cortes.

Ahora mismo, ninguno de los dos gobiernos estaría interesado en romper relaciones. El bloque independentista parece perder fuerza y arriesga su mayoría en el caso de nuevas elecciones en Cataluña. Unos comicios anticipados a nivel estatal no serían tan beneficiosos para el gobernante Partido Socialista como los sondeos oficiales pretenden insinuar.

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Además de lidiar con el caso catalán sin haber encontrado una solución satisfactoria, el PSOE de Sánchez se enfrentaría a unos indicadores económicos que tienden a la baja y al deterioro de la situación social en Cataluña y en el resto de España. 


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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