"Hemos interpuesto hoy (por el lunes) denuncias contra el tribunal y presentado recusación para que se extrañe de seguir en el proceso y que las autoridades superiores procedan a nombrar un tribunal que nos garantice debido proceso y que podamos aspirar a que haya justicia en el caso de Berta Cáceres", dijo Rodil Vásquez, abogado de la familia, en un video publicado en la cuenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en la red social Facebook.
El homicidio de la activista se produjo pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado medidas para protegerla, luego de haber recibido varias amenazas de muerte.
Hasta agosto, la Fiscalía incumplió cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada en 38 pedidos, dijo la semana pasada a Sputnik una de las abogadas de la familia, Heidy Alachan.
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Vásquez, en tanto, dijo que hay que esperar a que se decida si se acepta el recurso interpuesto.
Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias vinculadas con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
