"Ante el anuncio del presidente de la República estoy convocando a la Junta de Portavoces para mañana a las 9.00 hora local (14.00 GMT)", comunicó Salaverry vía Twitter.
Ante el anuncio del Presidente de la República estoy convocando a la Junta de Portavoces para mañana a las 9am.
— Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 17 сентября 2018 г.
El presidente Martín Vizcarra anunció el 16 de septiembre, mediante un mensaje a la nación, que aplicará el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza al Parlamento a fin de que apruebe las reformas constitucionales anticorrupción que ha planteado.
Por su parte, el congresista del opositor Acción Popular (centroderecha), Yonhy Lescano, afirmó que su partido "siempre dijo que iba a apoyar esos proyectos para que la ciudadanía se exprese en las ánforas".
El parlamentario Marco Arana, líder del Frente Amplio (izquierda) apoyó la medida adoptada por Vizcarra.
"Saludamos desde el Frente Amplio que el presidente Martín Vizcarra recupere energía frente al intento obstruccionista del fujimorismo para parar las reformas del sistema de justicia y político", escribió Arana en su cuenta en Twitter.
El parlamentario independiente, Gino Costa aseguró que "la cuestión de confianza es necesaria para sacar adelante las reformas políticas y de justicia y frenar las intenciones obstruccionistas del Congreso".
"Yo imagino que Vizcarra está consciente que vive en un Estado de derecho y está consciente de que en un Estado de derecho se respeta el orden democrático", expresó en declaraciones a la televisión local, Canal N.
La cuestión de confianza es un mecanismo contemplado en la Constitución, por el cual el presidente puede pedir que el Parlamento le otorgue la confianza a su gabinete ministerial en torno a una política de gobierno que necesite aprobación congresal.
Si el Parlamento niega la confianza y censura 2 gabinetes a un solo gobierno, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso y convocar elecciones generales en un plazo de 4 meses.
El 28 de julio, Vizcarra anunció 4 reformas constitucionales para combatir la corrupción y que serán consultadas en un referendo que debe ser aprobado por el Legislativo.
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Estas reformas las planteó el presidente luego de que se descubriera, el 7 de julio, una red de corrupción al interior del sistema político de Perú.
Esta red está conformada por jueces, fiscales, políticos y empresarios que habrían incurrido en tráfico de influencias, sobornos, lavado de activos, entre otros delitos.
Desde que Vizcarra presentó los proyectos de reforma, Fuerza Popular ha venido bloqueando su aprobación, retrasando su aprobación o calificando la medida como "populista".
Fuerza Popular tiene a congresistas y aliados comprometidos en esta red de corrupción.
Con la cuestión de confianza, el Ejecutivo estaría obligando al Legislativo a aprobar las reformas, pues al actual gobierno ya le fue censurado un gabinete, por lo que una segunda censura daría pie a su cierre.
