"Es sumamente importante que todas las partes sean abiertas, se impliquen y realicen una investigación rigurosa del caso", manifestó Broekers-Knol al reunirse el 13 de septiembre con el presidente de la Duma rusa (Cámara Baja), Viacheslav Volodin.
Broekers-Knol destacó que el Senado neerlandés sintió como suya aquella tragedia, porque uno de sus miembros, así como su esposa y su hija, fallecieron en la catástrofe.
"Fue una verdadera tragedia para el país y para la Primera Cámara en particular", enfatizó.
Ninguna de las 298 personas que viajaban en el avión, en su mayoría holandeses, sobrevivió.
El Equipo de Investigación Conjunto (JIT, en inglés), integrado por representantes de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, concluyó en su informe de septiembre de 2016 que el avión fue derribado por un misil del sistema antiaéreo Buk, presuntamente transportado desde Rusia a un área bajo control de las milicias de Donetsk.
Partiendo de dicho informe, los Países Bajos y Australia endosaron a Rusia la responsabilidad por el derribo, la instaron a asumirla y procurar justicia para las víctimas y sus familiares.
También amenazaron con llevar el caso a una corte o un organismo internacional.
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Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa reafirmó que ningún sistema antiaéreo ruso había cruzado la frontera con Ucrania y subrayó que la investigación del JIT no incluye testimonios de personas que residían cerca del lugar de la catástrofe, según las cuales el misil había sido disparado desde un área controlada por el ejército ucraniano.
Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades, en contra de lo que prescribe la norma internacional.
