"El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas", dice un documento firmado este 7 de septiembre por el procurador general, Íñigo Salvador, y leído en una conferencia de prensa televisada.
Ante esto, la Procuraduría ecuatoriana llamó a que la Contraloría General del Estado comience auditorias para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas contra los causantes de los "gravísimos daños causados al Estado ecuatoriano y de esa manera ejercer el derecho a repetición contra los exfuncionarios del anterior Gobierno, toda vez que las consecuencias de estas acciones u omisiones no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano".
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"Con este fallo, el Estado está expuesto al pago de cantidades aún indeterminadas, pero que también se pueden prever cuantiosas sumas de dinero causando graves daños al Estado ecuatoriano", señaló Íñigo.
El juicio contra Chevron empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando se presentó una demanda contra la compañía en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber usado "tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990".
El proceso fue impulsado directamente por las comunidades indígenas, sin participación del Estado ecuatoriano.
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El proceso judicial siguió luego en Ecuador, cuya justicia emitió su sentencia contra la petrolera en 2011.
Desde entonces Chevron alegó que el proceso tenía vacíos legales y vicios de corrupción, por lo que apeló a tribunales del extranjero.