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El polémico 'romance' de Uruguay y las multinacionales de la celulosa

CC BY-SA 3.0 / Roblespepe / Botnia-ÑandubaysalLa planta de celulosa en Fray Bentos sobre el río Uruguay vista desde la costa argentina
La planta de celulosa en Fray Bentos sobre el río Uruguay vista desde la costa argentina - Sputnik Mundo
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En los últimos años, Uruguay ha fomentado la industria forestal y la instalación de gigantescas plantas de celulosa operadas por empresas multinacionales. Según las autoridades, estas actividades generan riquezas y puestos de trabajo, pero hay sectores de la población que ponen en cuestión la viabilidad y los beneficios de este modelo productivo.

Numerosos colectivos de la sociedad civil han vuelto a poner sobre el tapete esta discusión, ante el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la finlandesa UPM en noviembre de 2017 para la construcción de una nueva fábrica de pasta de celulosa en el centro del país.

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En vísperas del 25 de agosto, fecha en la que Uruguay conmemora su independencia, una comitiva remitió al presidente Tabaré Vázquez unas 5.000 peticiones contra la segunda planta de UPM, que ya posee otra en la ciudad de Fray Bentos a orillas del río Uruguay (oeste).

Para su nueva operación, la multinacional exigía una determinada infraestructura vial, ferroviaria y eléctrica de la que actualmente Uruguay no dispone. En noviembre de 2017, la administración del presidente Tabaré Vázquez firmó un documento en el que se comprometió a garantizar las condiciones para la construcción de la planta proyectada.

El documento, "es lesivo desde el punto de vista institucional", pues implica profundas concesiones sobre aspectos que tocan la "soberanía" del país, explicó a Sputnik Víctor Bacchetta, periodista especializado en temas ambientales e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).

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"Es un compromiso unilateral del Gobierno uruguayo a realizar una serie de obras e inversiones sin ninguna contrapartida. Es inconstitucional, implica aceptar la injerencia de una empresa extranjera en actividades propias del Estado", dijo el especialista.

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En el convenio, más allá de la obra pública para facilitar el desarrollo de la industria, Uruguay incluye otros temas inherentes a "la legislación laboral y la educación", apuntan los opositores de la planta. Además, la fábrica de celulosa funcionaría bajo el régimen de zona franca, que otorga a la empresa amplios beneficios mediante la exención de impuestos.  

Los grupos que presentaron la iniciativa también manifiestan su preocupación por un posible litigio entre el país y la empresa, pues el tribunal competente no estaría en el ámbito de la Justicia uruguaya. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad de arbitraje del Banco Mundial, estaría encargado de laudar sobre discrepancias.

En declaraciones a la prensa local, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, calificó como "increíble" e "insólito" el planteo proveniente del movimiento, que nuclea a sectores tan distintos como los ambientalistas o los productores rurales.

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La funcionaria consideró que hubo un "esfuerzo" del Gobierno que redundó en un acuerdo "bueno" para los uruguayos, que "va a llevar al centro del país desarrollo y trabajo", además de infraestructura.

Según datos publicados por la Presidencia de Uruguay, la nueva planta de UPM implicará un "crecimiento de 2% del PIB, 8.000 puestos de trabajo, 120 millones de dólares en tributos, un aumento del 10 % en la producción de energía renovable" y la dinamización económica del centro y noroeste del país.

Para eso el país deberá erogar unos 1.000 millones de dólares en infraestructura, pero aún así esto no asegura la concreción de la planta, cuyo costo preliminar es de 2.000 millones de euros (2.340 millones de dólares). La empresa, según un comunicado divulgado tras la firma del acuerdo sobre un "posible" nuevo establecimiento industrial, indica que "llevará a cabo estudios de pre-ingeniería y procesos de autorización".

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En Uruguay ya operan dos grandes plantas de pasta de celulosa. Una es Montes del Plata, ubicada sobre el río de la Plata, en el departamento de Colonia, de capitales suecos, finlandeses y chilenos. La otra es la de UPM en Fray Bentos, que en 2005 llegó a los titulares internacionales debido al enfrentamiento con Argentina por la posible repercusión en el río Uruguay,

El puente General San Martín, una de las principales vías de conexión entre ambos países, permaneció cortado entre noviembre de 2006 y junio de 2010 por los asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú, la localidad ubicada del lado argentino.

Buenos Aires elevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar que la decisión de Montevideo era violatoria del tratado de 1961 sobre los límites del río por no tener en cuenta los efectos en las aguas bajo soberanía argentina, que se verían afectadas por la contaminación industrial.

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En la opinión pública, el centro de gravedad del debate sobre las 'papeleras' giró hacia el enfrentamiento diplomático entre los dos países, culturalmente muy próximos pero con rivalidades en el plano comercial y económico.

En Uruguay, el Gobierno de aquel entonces adoptó una retórica "de que había una agresión de parte de Argentina al querer incidir" sobre el proyecto, recordó Bacchetta. Las oposiciones internas existían, pero se vieron opacadas y eran percibidas como "antipatriotas".

En 2010, La Haya falló que Uruguay efectivamente violó el tratado sobre el río limítrofe, pero desestimó que el proyecto debiese ser desmantelado. En cambio, se establecieron mecanismos de medición y monitoreo de las aguas con la participación de autoridades argentinas.

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"[La nueva planta propuesta] está en el medio del país, en el río Negro, el principal río interior del Uruguay. Entonces aquí no hay ninguna posibilidad de que se entable un conflicto internacional. Esto ha posibilitado una discusión mucho más abierta y mucho más amplia dentro de la sociedad uruguaya sobre las implicaciones de este proyecto, teniendo la experiencia de lo que ha sucedido con las otras dos plantas", dijo Bacchetta.

La segunda planta de UPM es de mayor envergadura: la capacidad proyectada es de 2,1 millones de toneladas de celulosa por año, "el doble de las actuales". Además, el río Negro tiene un caudal diez veces menor al del río Uruguay y altos niveles de fósforo y nitrógeno de las actividades industriales, urbanas y agropecuarias sobre sus aguas, dijo el especialista en temas ambientales.

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Otras preocupaciones son los efectos a largo plazo en los suelos. Las especies forestales utilizadas en la explotación de la celulosa son mayoritariamente el eucaliptus y el pino en menor medida. Son árboles exóticos para el bioma de la Pampa húmeda, en el que se inserta la mayor parte del territorio uruguayo.

En sitios como el Estado de Espíritu Santo en Brasil, la sobreexplotación de este tipo de forestaciones llevó a que "zonas fértiles hoy sean calificadas como semidesérticas". Esas especies "acidifican el suelo y disuelven los minerales" presentes, lo que perjudica a largo plazo.

Ante la instalación de las fábricas, la superficie con estas plantaciones creció. Actualmente hay 1,1 millones de hectáreas. Cada una de las fábricas de celulosa ya existentes requiere de la producción de 300.000 hectáreas de estos bosques. La nueva planta, con dos veces la capacidad de las actuales, podría extender más la superficie cultivada.

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"Por los recursos que tenemos, con estas tierras y la calidad de fuentes de agua superficial y subterráneas, un país como el nuestro tendría que estar dedicado a la producción de alimento. Con estas plantaciones e industrias la tierra se está empobreciendo y eso no lo pagan las plantas de celulosa ni las empresas forestales. Ese es el problema sustancial", comentó Bacchetta.

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Por otra parte, los movimientos críticos apuntan a que los beneficios económicos de la planta de celulosa deben ser relativizados: en el caso de las anteriores fábricas, durante la fase de instalación se crearon numerosos empleos, pero una vez alcanzada la operación normal, los puestos efectivos son entre 200 y 300, los más calificados provenientes del exterior, agregó el especialista.

Además puso en cuestión la independencia de los datos que propone el Gobierno sobre los beneficios económicos del proyecto. Según Bacchetta, están basados en informes de la empresa y no tienen en cuenta

"Este proyecto está previsto en una zona franca donde no se paga absolutamente ningún impuesto. Se le dice a la población que el rubro más importante de población del país va a ser la celulosa. Uruguay no exporta celulosa, lo que hace es exportar los troncos que entran a las zonas francas. En consecuencia solo exportamos troncos", concluyó.

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