Establecida en marzo de 2017, la misión halló evidencias de graves violaciones de derechos humanos y abusos, cometidos por el ejército y otros cuerpos de seguridad birmanos, que "indudablemente equivalen a los crímenes más graves contra el derecho internacional".
"La necesidad militar no puede justificar matanzas indiscriminadas, violaciones en grupo de mujeres, agresiones a niños y quema de aldeas enteras", dice el informe que será presentado oficialmente el 18 de septiembre, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúna para su período de sesiones en Ginebra.
Los investigadores reprochan a la consejera de Estado birmana, Aung San Suu Kyi, por no haber utilizado su posición fáctica de jefa de Gobierno ni su autoridad moral para prevenir o detener los acontecimientos en Rakáin.
El documento denuncia una "impunidad profundamente arraigada en el sistema político y legal de Birmania, donde las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) se han colocado por encima de la ley".
La Misión insiste en que la situación en Birmania sea remitida a la Corte Penal Internacional o un tribunal penal internacional creado a tales efectos.
Hasta entonces, llama a establecer un mecanismo independiente e imparcial para recopilar, preservar y analizar las pruebas de violaciones, así como imponer sanciones individuales contra los principales responsables.
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