"Debido a que la violencia y la inestabilidad se siguen agravando en Nicaragua, le pedimos que determine si los ciudadanos nicaragüenses Sonia Castro, Laureano Ortega Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo y Gustavo Porras cumplen con el criterio para ser responsabilizados bajo la 'Ley Global Magnitsky para que rindan cuentas las personas responsables de cometer violaciones de derechos humanos'", reza la misiva.
Anteriormente, sancionó a tres funcionarios de Managua bajo la Ley Magnitsky, que permite al Gobierno congelar sus bienes y denegar sus visas.
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
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La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que 448 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que son 322.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega afirma que el balance es de 195 fallecidos, y que las demás estimaciones son resultado de "manipulaciones".
El Gobierno nicaragüense atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra, mientras los opositores de Ortega afirman que se debe a la represión de las fuerzas oficialistas.
