Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron por unanimidad el jueves por la noche que el PRI deberá ser sancionado por la campaña electoral del candidato oficialista José Antonio Meade, que acusó falsamente a Salgado.
Por parte del partido del presidente Enrique Peña Nieto "hubo real malicia" en la difusión de mensajes de propaganda titulados "Delincuente", para difamar a la candidata del partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen ratifica la resolución de una sala regional del Tribunal a las quejas presentadas a finales de julio por la víctima de la calumnia, que determina sancionar al PRI, pero a la vez sobreseer al candidato Meade de su responsabilidad en la campaña en radio y de televisión.
"¿443.000 pesos? (el monto en moneda mexicana de la multa) La calumnia deja en peor situación al calumniador; nunca al calumniado", escribió en su cuenta de Twitter la futura senadora al conocer la sentencia.
Salgado, de 46 años, fue parte de la policía comunitaria de Olinalá, un pueblo enclavado en una zona conflictiva asolada por el crimen organizado en Guerrero (sur) y fue acusada por líderes locales del PRI de ordenar detenciones, que ellos denunciaron como "secuestros", por lo cual estuvo en prisión dos años y siete meses.
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La fiscalía de Guerrero reabrió el caso un día después de que Salgado acusara el 25 de mayo a Meade por difamación y calumnias debido a que la mencionó con esa misma acusación durante uno de los debates televisados entre candidatos presidenciales.
López Obrador defendió la integridad de su correligionaria una semana antes de los comicios del 1 de julio.
"Algunos medios fueron utilizados para degradar mi nombre", denunció Salgado al recibir el 21 de agosto pasado su acreditación como senadora electa en la sede de la Cámara Alta.
Durante el tiempo que Salgado pasó en prisión, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias consideró que su encarcelamiento era ilegal y determinó que debía ser puesta en libertad e indemnizada por el daño sufrido.