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CIDH pide a Ecuador reparar a medios y activistas víctimas del Gobierno de Rafael Correa

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QUITO (Sputnik) — La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a Ecuador buscar mecanismos de reparación para los medios, periodistas y activistas sociales que fueron víctimas de medidas judiciales y represivas del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

"La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) podría amnistiar a quienes mantienen procesos abiertos, la Supercom (Superintendencia de Comunicación) podría analizar las sanciones contra los medios de comunicación, se podría llegar a soluciones con los casos que están presentados ante la CIDH", señaló en rueda de prensa el relator especial Edison Lanza.

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La conferencia de prensa sirvió para presentar la evaluación preliminar de la misión en este país que entre los días 20 y 24 de agosto incluyó reuniones con periodistas, representantes de movimientos sociales y autoridades.

Lanza reconoció que el Gobierno del presidente Lenín Moreno realiza esfuerzos para restablecer el derecho a la libertad de expresión, pero advirtió que existen varias tareas pendientes para enmendar lo ocurrido durante la década de administración de Correa.

"Estamos conceptualizando este momento como un momento de transición de un modelo autoritario a un modelo de espacio cívico, autónomo y democrático, donde se pueda desarrollar la prensa libre e independiente, pero también donde los movimientos sociales (…) puedan desarrollarse con autonomía del Gobierno", apuntó el relator.

En ese sentido, mencionó que durante el mandato de Correa la prensa sufrió la "estigmatización y el descrédito del presidente", pero también se usó el derecho penal "como una estrategia recurrente" que tuvo como resultado más de 60 procesados penales cuyos casos se relacionan con "el ejercicio de la libertad de expresión y opinión y la presión sobre el poder judicial".

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La Relatoría constató que "muchas de las decisiones que se adoptaron para represar a comunicadores, dirigentes sociales y políticos provinieron de la injerencia directa del Poder Ejecutivo", dijo Lanza.

El punto "culminante" fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) "contrariando las recomendaciones y advertencias de los sistemas de protección universal y regional, creando una institucionalidad dirigida a perseguir y sancionar a medios de comunicación", sostuvo.

Por ejemplo, se comprobó que la Supercom contaba con 350 personas trabajando permanentemente con un software para monitorear a los medios y desarrollar sanciones económicas y de otro tipo "que fueron minando a la prensa", denunció Lanza.

La Supercom se creó con el fin de defender a los ciudadanos de los "abusos" de los medios, pero la mayoría de denuncias fueron presentadas por funcionarios, empresas públicas y militantes políticos del oficialismo, aseveró.

La Relatoría de la CIDH saludó los avances del Gobierno de Moreno para desmontar este sistema sancionatorio y "persecutor" con medidas concretas como el envío al parlamento de una reforma de la LOC, el indulto a líderes sociales que habían sido condenados y la creación de una coordinación para un sistema de protección de periodistas, entre otras.

"Ahora el desafío es consolidar este momento y se requiere de algunas acciones estatales y de los medios", agregó Lanza.

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Entre estas acciones, la CIDH sugiere llevar adelante un primer grupo de reparaciones que se podrían instrumentar a través del reconocimiento de la legitimidad y el valor del trabajo periodístico, además de "repudiar los delitos perpetrados contra los medios", dijo.

También se recomienda la aprobación de una norma transitoria de la LOC para revisar la aplicación de las sanciones por parte de la Supercom.

"El Estado puede revisar decisiones administrativas anteriores", y la Supercom está dispuesta a "hacer revisión de cada uno de los 1.200 casos que se presentaron, pero necesitarían una decisión de la Asamblea para no caer en interpretaciones", recomendó Lanza.

A la par se sugiere una Ley de Amnistía para comunicadores y dirigentes políticos con procesos abiertos, lo que "permitiría sanear y reparar a las víctimas", dijo.

Finalmente, la Relatoría exhortó al Estado a atender "en forma prioritaria los casos presentados ante la CIDH y participar sin dilaciones en los mecanismos de reparación que han sido solicitados".

Tras este informe preliminar, Lanza tiene previsto presentar una versión final más detallada en su próxima visita a Ecuador en octubre.

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